Para desarrollar actividades de seguridad privada, las empresas deben contar con una autorización otorgada por la institución policial, previa acreditación del cumplimiento de la idoneidad cívica de todos sus socios, administradores y representantes legales, entre otros requisitos.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de sus derechos, el debido proceso y el principio de supremacía constitucional, desde que se decretó su retiro temporal por el Director Nacional de Gendarmería, ejerciendo una facultad que se le atribuye exclusivamente al General Director de Carabineros y que es aplicable solo a los funcionarios policiales.

La norma amplía a los carabineros alumnos, desde el segundo año, la autorización para porte de armas, en el marco de sus prácticas policiales.

Los  menores de  edad de iniciales  J.A.A.H y G.P.C.P. de 13 y 12 años de edad, respectivamente,  se encontraban en sus bicicletas observando por curiosidad lo que ocurría. Luego, un funcionario de carabineros,  procedió a detener a ambos niños, quienes pese a su edad, fueron llevados hasta un árbol del bandejón  central de avenida Colón, exigiéndoles que se arrodillaran con las piernas cruzadas y las manos detrás de la cabeza…

Cabe hacer presente, señala el  fallo, que Maximiliano BASÁEZ CASTILLO impartió instrucciones a fin de que el ilícito fuera realizado en la comuna de La Granja, ya que de esa forma podía brindarle cobertura valiéndose de su condición y atribuciones que mantenía como funcionario de Carabineros de la Tenencia Mauricio Rivera López ubicada en dicha comuna.

Estas exigían que únicamente en el caso que se ofertase por todas las líneas de adjudicación se podía presentar un solo documento de garantía por el total que el mismo pliego de condiciones señala, pero en los demás casos se debía acompañar un instrumento de garantía por cada línea ofertada por los montos que en cada una de ellas indicaban las referidas bases de licitación

No se ha superado el estándar de prueba penal perviviendo la presunción de inocencia que ampara al acusado, configurándose la existencia del vicio de valoración probatoria denunciado. El razonamiento probatorio se construye, normalmente, a través de una cadena de razonamientos (o cascada de inferencias), en que, acreditado un determinado hecho, este sirve de premisa para constatar un hecho posterior y así, sucesivamente.

No es posible entender aquí ninguna ilegalidad o arbitrariedad que tenga el mérito de vulnerar el derecho de propiedad del recurrente, en tanto que, dependiendo del resultado final del sumario, las remuneraciones le podrán ser restituidas, pero siempre que ello sea procedente.

Del análisis del arbitrio se concluye que en realidad no se comparte la valoración que la sentencia realiza de los medios de prueba producidos, aspecto que no es posible modificar dada la naturaleza del recurso de nulidad.

La decisión es susceptible de ser adoptada por la autoridad administrativa durante el trascurso de un sumario y sin perjuicio de su suspensión cuando se cumplen los supuesto contenidos en dicha norma.