Las autoridades y funcionarios públicos no podrán homenajear a los miembros de la Junta Militar que participó del Golpe de Estado del año 1973, ni a ningún miembro condenado por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Esta prohibición incluye actos, retratos, monumentos u nombramiento de calles, plazas u otros bienes nacionales, establece una de las normas propuestas.
Gabriela Blas Blas fue detenida luego de acudir ante los Carabineros de Chile a denunciar la desaparición de su hijo D.E.B. Al ser detenida, la sometieron a torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes para obtener una confesión, lo que conllevó a una condena penal de prisión por el supuesto abandono y seguida muerte de su hijo, y a que su hija menor C.B.B. fuera entregada en adopción internacional a través de un proceso irregular.
Se justifica una legítima defensa de la sociedad, contra los que atentan contra el derecho a la vida de los agentes del Estado que se encuentran cumpliendo funciones de seguridad y orden públicos, ya que la pena de muerte es una forma de legítima defensa que la víctima no pudo ejercer.
El objetivo es que Carabineros pueda concentrarse en sus labores esenciales de resguardar y garantizar el orden público y la seguridad pública. Según cifras de la institución policial, en 2021 realizaron 757.721 notificaciones y citaciones a lo largo del país.
El actor pidió el reconocimiento de asignaciones propias de un grado al que fue ascendido con posterioridad a su retiro, por lo que Contraloría no tomó razón de dicha reliquidación, y el Departamento de Pensiones de Carabineros mantuvo la pensión en su cálculo original.
Los parlamentarios de la Cámara Alta pusieron el acento en la necesidad de hacer justicia marcando un antes y un después a la hora de enfrentar el terrorismo.
Senadores y senadoras expresaron su agradecimiento y apoyo a la labor de la institución recordando especialmente, a los mártires de carabineros asesinados en el cumplimiento de su deber. Asimismo, se mostraron partidarios del fortalecimiento institucional y se otorgaron diversos reconocimientos.
Desde el año 2015, cuando el actor sufrió un accidente mientras patrullaba su zona, el funcionario arrastra una lesión crónica en la rodilla, por la cual, la institución -siguiendo las exigencias de su reglamento- dictaminó la baja permanente del agente; procedimiento administrativo que en opinión de la magistratura, se ajustó a derecho y el recurrente tuvo la oportunidad de controvertir.
El actor fue sancionado en 2018 luego de cursar una infracción a otro funcionario por beber alcohol en la vía pública, hechos que a la postre resultaron falsos, lo que devino en una condena por la magistratura castrense, que torna en irrecuperable su calidad de uniformado; por lo tanto, la acción cautelar es improcedente para pedir su reincorporación a las filas, así como para obtener la prescripción administrativa del sumario respectivo que aún no está afinado.
La magistratura estimó que el tiempo transcurrido desde los hechos que motivaron la baja inmediata hasta la interposición de la acción cautelar ha sido excesivo, y la institución aún no culmina el sumario administrativo, manteniendo al actor todo este tiempo en un estado de incertidumbre, excediendo con creces el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley Nº19.880 para culminar el procedimiento disciplinar.
El condenado y sus subalternos asesinaron a tiros a tres detenidos mientras eran trasladados desde la ciudad de Calama hacia Antofagasta, dejando sus cuerpos en el desierto, en el sector del Salar del Carmen. El máximo Tribunal estimó que su argumento de nulidad sustancial era contradictorio, pues acusaba que su participación en el ilícito no estaba definida, pero invocó el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, que en sí mismo reconoce la participación de quien recurre de nulidad sustancial.
