El acto autónomo cuestionado por el recurrente fue realizado por Carabineros luego de detenerlo ante un delito flagrante. La llamada sirvió para identificar a la víctima del robo e informarle los derechos que le asistían para recuperar la especie sustraída.
La prescripción de la acción penal se interrumpe respecto de aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos, no solo por la comisión de nuevos delitos sino que también por existir una querella nominativa.
Ex funcionario de Carabineros intentó desvirtuar el informe de la Comisión Médica sosteniendo en su arbitrio de nulidad que sus padecimientos eran recuperables, en circunstancias que se asentó en el juicio el estado crónico de su enfermedad.
El ente Contralor hace presente – y recomienda – que en este marco de discrecionalidad no se merme la trasparencia y credibilidad institucional.
Puede ser beneficiario todo funcionario que hubiese cumplido labores efectivas en atención sanitaria producto de la pandemia de COVID-19
Al existir un sumario administrativo en curso, el resultado de éste puede afectar la decisión provisoria que separó al recurrente de la institución.
La Comisión de Seguridad Ciudadana comenzó la votación particular del proyecto que establece una nueva regulación en relación a sus beneficios previsionales, accidentes en acto de servicio y enfermedades contraídas como consecuencia del ejercicio de sus funciones.
El Tribunal de alzada revocó la resolución impugnada, dictada el 25 de enero recién pasado por el Juzgado de Garantía de La Serena, que sustituyó la prisión preventiva por el arresto domiciliario, el arraigo nacional, prohibición ejercer labores operativas en la vía pública, recintos o espectáculos públicos, que involucren contacto con civiles y la prohibición de acercarse y/o comunicarse con las víctimas.
Parte de las normas sobre las cuales emite pronunciamiento fueron declaradas conforme a la Constitución. Iniciativa está lista para ser promulgada y publicada.
La misma ley que lo regule debe establecer también un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral.
El Tribunal de alzada anuló la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol y ordenó la realización de un nuevo juicio por jueces no inhabilitados, tras establecer que la resolución impugnada no justificó que concurran en la especie, la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos y la existencia de una agresión ilegitima actual o inminente.
