Corresponde al derecho-deber que tiene el organizador de espectáculos de fútbol profesional de prohibir el acceso a eventos deportivos a todos quienes realicen o provoquen conductas que pongan en riesgo o amenacen la seguridad de las personas o bienes públicos o privados en eventos de fútbol profesional. Es en las instancias posteriores de reclamo y solicitud de alzamiento donde se resguarda el derecho de los afectados al debido proceso.