La entrega de estos datos no implica una afectación a la seguridad del Estado o seguridad de las personas, y tampoco puede ser catalogada de peligrosa para el funcionamiento de esta rama de las fuerzas armadas.
El requirente estima que no existe fundamento racional para someterlo a un proceso carente de garantías.
La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT) recalcó que avances en materia de escrutinio de gastos reservados, con modificaciones aprobadas en 2020, son insuficientes si no van acompañados de cambios al artículo 436 del Código de Justicia Militar, que ha mostrado ser “realmente nocivo”, dado que se “presta para imponer el secreto y amparar eventuales irregularidades”.
El requirente estima que el presupuesto que permite aplicar el procedimiento militar no justifica someterlo a un proceso carente de garantías.
El requirente estima que el presupuesto fáctico que permite aplicar el procedimiento militar no reviste la envergadura suficiente para someterlo a un proceso carente de garantías.
El precepto legal se entenderá derogado, produciéndose dicho efecto una vez que se publique en el Diario Oficial la sentencia que así lo declare.
El requirente estima que el juzgamiento del delito previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, no puede hacerse extensible a la competencia del Tribunal de Justicia Militar.
La rebaja de la cuantía de las penas a la que se refiere el artículo 65 del Código Penal es una atribución facultativa y no constituye un imperativo legal para los tribunales del fondo.
La gestión pendiente incide en autos seguidos ante la Fiscalía de Aviación de Santiago.
El Tribunal de alzada consideró que la entrega de la información puede afectar la seguridad de la Nación y de los afectados.
