El requirente estima que las normas objetadas, aplicadas al caso concreto, resultan contrarias a su garantía a un debido proceso.
El requirente alega que la restricción recursiva no tiene fundamento racional y vulnera el debido proceso.
El requirente estima que la caducidad de la acción de despido indebido o improcedente conculca su derecho a la acción, el cual es reflejo de la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva.
Por cuanto el resultado esperado por la parte requirente ya se ha producido y resulta inoficioso un pronunciamiento de inaplicabilidad en el sentido solicitado.
El Tribunal Constitucional, en votación dividida, desestimó el requerimiento de inaplicabilidad mediante el cual se alegó que la aplicación del precepto legal impugnado vulneraría el principio de proporcionalidad de las sanciones, de igualdad ante la ley, el debido proceso y el principio in dubio pro reo.
El requirente estima que el plazo contemplado constituye un obstáculo irracional para su derecho a una tutela judicial efectiva.
El requirente alegó que los preceptos impugnados vulneran sus garantías de igualdad ante la ley, derecho de asociación, libre contratación en el ámbito laboral, derecho a desarrollar una actividad económica, derecho de propiedad y la autonomía de los grupos intermedios
El requirente reclamó que la aplicación de la preceptiva legal impugnada vulnera el principio de servicialidad del Estado, la igualdad ante la ley, la garantía de un justo y racional procedimiento, el principio non bis in idem y el derecho de propiedad.
El requirente alega que la restricción recursiva afecta gravemente la garantía del debido proceso.
El Tribunal de alzada descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Juzgado de Letras y Garantía de Curanilahue, que ordenó al municipio pagar a los siete trabajadores la suma total de $149.834.868 por concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo, indemnización por años de servicios, recargo del 50% y feriado legal.
