A la instancia asistió el ministro de la cartera, Mario Marcel, quien aseguró que las propuestas de la iniciativa son producto de un amplio proceso de consulta y análisis, que considera importantes diferencias respecto del proyecto anterior de reforma tributaria.
El requerimiento de inaplicabilidad fue rechazado al producirse un empate de votos. Para los Ministros que estuvieron por acoger, el precepto legal produce un efecto contrario a la Constitución por vulnerar la obligación de garantizar una tutela judicial efectiva, al constreñir a tan sólo cuatro causales las posibilidades de reclamo del contribuyente y no permitir controvertir el avalúo realizado, impedimento que, genera una situación de indefensión no tolerada por la Carta Fundamental.
El requirente alega que se vulnera la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el derecho de propiedad.
El requirente alega que al impedirse injustificadamente la interposición de un recurso de nulidad formal se vulnera la igualdad ante la ley y el debido proceso, entre otras garantías constitucionales.
El requirente alega que la suspensión indefinida atenta contra su derecho a ser juzgado dentro de un plazo prudente.
El requirente estima que se limita de sobremanera la acción para impugnar el avalúo fiscal reduciendo las causales a ciertos casos de error de hecho.
El SII alega que la limitación recursiva vulnera su derecho de igualdad ante la ley y al debido proceso.
A la mora de la obligación se le adicionan reajustes e intereses. Al ser una obligación accesoria, opera automáticamente sin ningún tipo de procedimiento adicional, y los intereses se deben por todo el tiempo de la mora desde que se determine el mes calendario de su vencimiento.
El requirente estima que la restricción de causales para reclamar el avalúo fiscal establecido por el SII vulnera el derecho al debido proceso, la igualdad ante la ley, entre otras garantías fundamentales.
El requirente acusa que la aplicación del precepto legal la priva del ejercicio de su derecho a accionar, a la tutela judicial efectiva, a la igualdad ante la ley, contraviene los principios tributarios de legalidad, igualdad, justicia y capacidad contributiva, a su derecho de propiedad, entre otras garantías constitucionales.
La requirente estima que la norma limita su derecho a accionar contra los actos de la Administración, reduciendo las causales de reclamación únicamente a ciertos errores de hecho.
