La magistratura estimó que la conducta del estudiante perjudicaba a la comunidad escolar, razonando que la desvinculación se ajustó a derecho y siguió todos los reglamentos internos y medidas disciplinarias progresivas para no vulnerar los derechos del niño, que se encontraba condicional en el recinto desde el año 2018.
La jueza consideró que el establecimiento fue responsable por el daño moral por inacción provocado a la alumna al no evitar el acoso escolar de compañeras de curso.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario del establecimiento al desatender las necesidades especiales que requiere el alumno.
Se estableció el actuar ilegal y arbitrario del MINEDUC al exigir que estudiantes debían convalidar los cursos a través de exámenes libres. Entiende la Corte que existió justa causa de error y que se ha actuado de buena fe, tanto más si el colegio subió la información académica al sistema SIGE, aun cuando haya sido en forma indebida.
No resulta procedente negar la calidad de apoderado sin que exista motivo plausible para ello, mediante una resolución fundada que lo justifique.
En el fallo, la magistrada estableció la responsabilidad del establecimiento al no aplicar el reglamento de convivencia escolar ni abrir una investigación interna, tras tomar conocimiento de la agresión que sufrió la menor el 13 de abril de 2018, en una actividad realizada fuera del colegio.
El máximo Tribunal estableció que hubo error de derecho al establecer responsabilidad solidaria de la directora por faltar a los deberes de seguridad y prevención de los niños víctimas de los delitos cometidos por dos auxiliares.
La constructora superó los niveles de ruidos permitidos en la norma de emisión, afectando las labores en un colegio colindante.
El respeto de la presunción de inocencia implica darle tratamiento de tal al denunciado, incluyendo su no exposición como responsable de un ilícito cuya investigación recién se encuentra en proceso ante la entidad persecutora penal de rigor.
La madre de la menor también recurrió contra el Consejero Técnico del Tribunal de Familia local porque se habría negado al cambio de colegio que solicitó, lo que fue desestimado por la Corte ya que aquél únicamente presta apoyo en su especialidad a la labor del Juez, pero no toma decisiones.
La Tercera Sala del máximo tribunal anuló la sentencia de la Corte de Apelaciones y en fallo de reemplazo confirmó la sentencia que estableció la falta de servicio del municipio por incumplir la obligación de supervisar la manipulación de elementos riesgosos al interior del establecimiento educacional, pero consideró prudente elevar la indemnización a un monto más condigno al sufrimiento causado a las demandantes.
