La respuesta del Estado no brinda información sobre la eventual adopción de medidas específicas para proteger a las personas propuestas como beneficiarias. A pesar de que se dieron órdenes internas para realizar medidas de protección, la información disponible indicaría qué estas no se han implementado.
La magistrada, puntualizó que con la documentación adjunta por el Estado requirente, se podía justificar la persecución penal contra el requerido en un juicio de lato conocimiento, para determinar la culpabilidad o inocencia del encartado respecto del asesinato en el que se le atribuye participación.
Los procesamientos indebidos, que fueron reconocidos por el Estado se inscriben en un contexto más amplio de actos de violencia, de estigmatización, de desprestigio y de descrédito hacia los integrantes y dirigentes del partido político UP quienes eran sistemáticamente señalados como auxiliadores de la guerrilla. En ese marco, se produjeron vulneraciones a los derechos que se extienden más allá de las esferas de los derechos al debido proceso y a la libertad personal.
Concluyó que el Estado colombiano es responsable por la violación del derecho a la integridad personal (artículo 5.1), garantías judiciales (artículo 8.1) y protección judicial (artículo 25.1), establecidos en la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de familiares.
Este procedimiento tiene como fin llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Convención. La aceptación de llevar a cabo este trámite expresa la buena fe del Estado para cumplir con los propósitos y objetivos de la Convención en virtud del principio pacta sunt servanda.
El requerido junto a otros coimputados robaron más de 13 millones de pesos colombianos a la víctima, quien se vio forzada a acudir a un banco a retirar dinero junto con el acusado para evitar “mayores consecuencias”. El acusado se allanó a la extradición, y la entrega se hará de forma diferida, una vez que el encartado sea absuelto o cumpla una eventual condena por un delito de robo con intimidación, que actualmente lo mantiene en prisión preventiva.
No se ha equiparado a los otros animales con los seres humanos, pero se reconoce que en la sociedad actual ciertos animales se han integrado a las familias y, en aquellos casos en los que se generan vínculos mutuos, es posible reconocer determinados deberes y obligaciones que conllevarían a algunos mandatos en favor de los animales.
El acto de reconocimiento de responsabilidad internacional cumplió con los requerimientos indicados en la sentencia, e incluso abarcó aspectos no ordenados en la misma, tales como la realización de un espacio de atención psicosocial previo, lo cual demuestra la voluntad del Estado de cumplir esta medida de la manera más satisfactoria para las víctimas, lo cual contribuye significativamente a su dignificación.
El requerido intentó revertir la decisión indicando que fue juzgado penalmente en ausencia, argumento que fue desestimado por el máximo Tribunal, al sostener que tal idea no puede ser esgrimida en un procedimiento de extradición, pues debe ser planteada ante la autoridad competente en Colombia.
El requerido fue juzgado en “contumacia” -ausencia- y condenado a 424 de prisión por un homicidio cometido en Colombia en 2019. En Chile, el encartado se encuentra en prisión preventiva en Copiapó, por su presunta participación en un delito de receptación.
En virtud de la Convención Americana, este procedimiento tiene como fin “llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Convención”. La aceptación de llevar a cabo este trámite expresa la buena fe del Estado para cumplir con los propósitos y objetivos de la Convención en virtud del principio pacta sunt servanda, por el cual los Estados deben cumplir de buena fe las obligaciones asumidas en los tratados.
