Se trata de sancionar penalmente el porte injustificado de bencina u otro tipo de combustibles en el contexto de manifestaciones, como una forma de prevenir posibles atentados contra las personas durante reuniones en lugares públicos.
Durante una fiscalización a sus instalaciones se encontraron postes de electricidad en mal estado.
Los municipios no pueden ejercer actividades empresariales, a menos que una ley de quórum calificado los autorice expresamente.
Busca que las empresas reaccionen de una manera más eficiente al momento de enfrentarse a un siniestro reportado por los usuarios, dado que los reclamos interpuestos por cortes en el suministro eléctrico tienen una capacidad de respuesta muy tardía.
La iniciativa tenía por objetivo rebajar un 50% el impuesto específico al combustible en caso de estado de excepción constitucional o alguna calamidad pública que afecte gravemente los ingresos de la ciudadanía.
La iniciativa tiene como idea matriz ir en ayuda de las personas que luego del estallido social y la pandemia han visto afectados sus ingresos por la pérdida de empleos.
