El vendedor está obligado a entregar al consumidor productos que sean conformes con el contrato, respondiendo frente a él de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del producto. En el caso de que se trata hay que estimar acreditado que el móvil enviado no era conforme con lo contratado, ya que no poseía ni presentaba una de las cualidades, «color Oro», que Vodafone había ofrecido.
La naturaleza pluriofensiva del delito se manifiesta en la lesión del patrimonio individual de los titulares del derecho registral y, de otro lado, en la vulneración de los intereses de los consumidores en el ámbito de una economía libre de mercado. Aquí hablamos, sin embargo, de un solo objeto cuyo uso únicamente privado como automóvil de gerencia encaja más en el principio de insignificancia que en el de tipicidad.
El sistema de protección de los derechos garantizados por el Convenio se basa en el principio de subsidiariedad y, de acuerdo con ese principio, corresponde a los tribunales nacionales hacer respetar los derechos garantizados por el Convenio. Así, este sistema no podría funcionar correctamente si los tribunales nacionales no administraran justicia dentro de un plazo razonable, lo cual ocurrió en el caso concreto.
El actor supo de antemano y aceptó las reglas diseñadas por la demandada a fin de asignar esos celulares a quienes resultaran beneficiarios. Es decir: si se aceptara que concurrió al lugar y se pasó la noche esperando, lo más que podría derivarse de esa circunstancia es que ello ocurrió porque el actor buscó colocarse en mejor posición que los demás interesados para adquirir, como efectivamente ocurrió, al celular que deseaba.
La relación de consumo alude al vínculo que se establece con quien, en forma profesional, aun ocasionalmente, produzca, importe, distribuya o comercialice cosas o preste servicios a consumidores o usuarios. En este caso no existe controversia sobre el carácter de proveedor de la accionada, pero esta cumplió con su deber de emitir avisos de seguridad y el hecho se debió a la imprudencia de la recurrente.
La oferta pública publicitaria puede estar afectada por un error, y el hecho de que se trate de un contrato de consumo no condena al emisor a cargar con errores en los que no participa la mala fe. El contrato de consumo tampoco habilita a los consumidores a reclamar en supuestos donde la existencia del error es manifiesta, ya que, si bien la oferta pública publicitaria es considerada vinculante, tal efecto cede al comprobarse un error en la formación de la voluntad.
En la resolución se explica que esperan que la intervención del Consejo de Defensa del Estado permita cautelar el correcto uso de los recursos fiscales y sancionar penalmente los responsables.
La recurrente objetó el acto acusando simulación, porque el bien raíz fue enajenado por el demandado en un precio muy inferior al real, con la intención de transferirlo a un tercero y así evitar que el inmueble fuera parte de la liquidación de la sociedad conyugal que enfrentaban ambas partes por ser ex cónyuges.
El máximo Tribunal desestimó los yerros denunciados por la recurrente en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda.
La jurisprudencia ha establecido, como lo ha puesto de manifiesto el a quo, que los copropietarios pueden, por propia voluntad, establecer en sus Estatutos una serie de limitaciones a sus facultades de disposición y, por ello, que afecten a sus derechos de propiedad, cuando el interés de la comunidad lo haga aconsejable y así lo estimen conveniente.
El CBR de Castro se negó a inscribir una compraventa que recaía en un inmueble indígena, en atención al artículo 13 de la Ley N°19.253, que prohíbe la enajenación de un predio indígena a un tercero que no posea tal calidad, sancionando dicho acto con nulidad absoluta.
