No es CONADI la que define a cuáles de los miembros de una comunidad indígena se asignan derechos en el marco de una compra en copropiedad por aplicación del art. 20 b). Esa es una decisión autónoma de la misma comunidad, informa el recurrido.
Las negativas de reconocer a la comunidad Yajotja por parte del Estado constituyen una vulneración a los derechos de identidad cultural, autonomía y autodeterminación, al territorio ancestral y colectivo, al debido proceso administrativo y a la subsistencia étnica.
El artículo 2° letras f) y g) de la Ley N° 19.628, establece como datos personales y sensibles -y por ende forman parte de la esfera privada de la persona- aquellos que digan relación con el origen racial de las personas.
El artículo 31 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros establece expresamente la facultad de la autoridad policial para destinar al personal en los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial.
El procedimiento podrá reanudarse cuando se resuelva la solicitud que busca sea declarado como humedal urbano.
No obstante, si otras comunidades indígenas pueden verse afectadas por la donación, debe realizarse una consulta indígena previa.
La naturaleza de las cuestiones debatidas debe ser conocidas en un proceso de lato conocimiento.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que ordenó la restitución del terreno al aplicar en la especie la ley de fomento protección y desarrollo de los pueblos indígenas.
En este predicamento, las imputaciones de desacato a lo dispuesto en los artículos denunciados en el arbitrio no pueden por sí solas servir de apoyo idóneo al remedio recursivo que se examina, por ser una condición fundamental de éste que el yerro jurídico invocado influya sustancialmente en lo dispositivo del fallo, exigencia que no se cumple en la especie.
El presidente, actuando en tal calidad, obstruyó el libre tránsito y acceso hacia la empresa, y extorsionó a la actora para obtener bienes a cambio de permitir su funcionamiento normal.
El máximo Tribunal mantuvo la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que confirmó la de primer grado que acogió excepción de falta de legitimación activa de la demandante.
