Proponen sancionar con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo a quien cause daño o afecte la integridad de un monumento nacional.

Faculta a los Jueces de Garantía a disponer la enajenación temprana de bienes incautados cuya custodia sea difícil e incorpora el “comiso por equivalencia”.

Sanciona penalmente a las personas que ingresen o intenten ingresar elementos tecnológicos que permitan la comunicación con el exterior a establecimientos penitenciarios.

Asegura el derecho de toda persona con enfermedad mental o discapacidad psíquica o intelectual a ser reconocida como sujeto de derechos, a participar socialmente y a manifestar su consentimiento libre e informado en toda intervención médica o científica.

Propone restricciones para los parlamentarios que quieran ser candidatos a la presidencia con el fin de procurar que su actuar sea honesto y leal.

La legislación chilena no cuenta con una organización sistematizada que permita prevenir los incendios en bosques nativos y no establece limitaciones al uso del suelo de los terrenos incendiados.

Las personas que reciben tratamientos físicos o psicológicos se encuentran en un grado de relación asimétrica de poder con el facultativo profesional que pone en peligro su indemnidad sexual.

Es necesario regular el funcionamiento de las clínicas veterinarias dentro de las comunidades para incentivar la tenencia responsable de mascotas y lograr el bienestar de los animales.

Los actos y contratos que se relacionan con una tabla mortalidad que no se condice con la realidad chilena no tienen un sustento razonable y son actos contrarios al orden público.

Existen cerca de 10.000 profesionales de la educación que no acceden al pago del BRP.