El recurrente alega que el CDE no tiene facultades para desarrollar investigaciones ni dirigir aquellas que estén en curso, no sólo porque dicho rol le corresponde al Ministerio público, sino que, además, su competencia se orienta solo a aquellas que digan relación con aquellos casos en que se ha generado un perjuicio al patrimonio estatal, mas no para investigar un ilícito, menos si él, no es un funcionario público.
Consejo de Defensa del Estado
Sala respalda investigación sobre Caso Convenios.
Segundo Tribunal Ambiental inspeccionó zona intervenida por el MOP en el balneario de Bucalemu.
Testigos del Consejo de Defensa del Estado y del Municipio de Alto Hospicio declararon en la demanda por botaderos ilegales de ropa.
Corte Suprema confirma fallo que ordenó al Fisco indemnizar a mineros atrapados en la mina San José.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia que estableció la falta de servicio de la demandada, por haber incumplido tanto el Servicio Nacional de Geología y Minera (Sernageomin) como la Dirección del Trabajo (DT) el deber de fiscalizar las condiciones de seguridad y laborales de la faena de propiedad de la compañía minera San Esteban Primera.
Nova Austral: Juzgado de Garantía de Porvenir amplia plazo de investigación en contra de cinco ex ejecutivos de la empresa como autores de los delitos de fraude de subvenciones y contaminación de aguas.
El Tribunal acogió la petición formulada por la Fiscalía y amplió la indagatoria en 60 días, por existir diligencias pendientes, incluida la revisión de un total de 1.419.679 de correos electrónicos y las entrevistas a los funcionarios fiscalizadores de Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) que realizaron los informes que originaron las sanciones cursadas por la autoridad administrativa a la empresa.
Primer Tribunal Ambiental realiza primera diligencia judicial por socavón de Tierra Amarilla.
Para el Consejo hubo una evidente negligencia de las empresas a las que está demandando en tanto, afirma “[…] que a fin de aumentar sus márgenes de ganancia fueron más allá de lo autorizado ambientalmente en la faena minera y terminaron generando el daño ambiental irreparable”.
Solicitan al CDE tomar parte en proceso penal por compraventa de Clínica Sierra Bella.
En la resolución se explica que esperan que la intervención del Consejo de Defensa del Estado permita cautelar el correcto uso de los recursos fiscales y sancionar penalmente los responsables.
Corte de Santiago ordena reserva de información sobre número de vehículos y dotación de tenencia de Carabineros.
El Tribunal de alzada estableció que la información requerida se encuentra cubierta por causa de reserva o secreto prevista en el Código de Justicia Militar.
Ministerio de Bienes Nacionales debe entregar información específica sobre ocupaciones irregulares de terrenos fiscales, decidió el CPLT.
Si bien informó datos y medidas respecto a los asentamientos ilegales en predios fiscales, no entregó los antecedentes solicitados por el requirente, al considerar que su publicidad puede entorpecer el funcionamiento de su cartera y perjudicar las acciones legales/administrativas.
Tercer Tribunal Ambiental escuchó alegatos por declaración de humedal urbano “Las Quemas”.
En la audiencia las partes expusieron sus argumentos de las reclamaciones presentadas contra la resolución del Ministerio del Medio Ambiente, que declaró el humedal urbano “Las Quemas” en la comuna de Osorno.
Segundo Tribunal Ambiental aprobó avenimiento en causa por daño ambiental del CDE contra Anglo American.
A través del avenimiento, Anglo American se obliga a ejecutar acciones asociadas a la compensación ambiental, tales como reparar y recuperar la vega altoandina ubicada en el Santuario de la Naturaleza Los Nogales, entre otros.
Tribunal competente para conocer la acción de nulidad de derecho público es aquel con asiento en la ciudad donde se emitieron los actos administrativos finales que se pretenden anular.
El máximo Tribunal anuló de oficio la sentencia de la Corte de Santiago, y declaró que un Juzgado Civil de la capital es competente para conocer la demanda de nulidad de derecho público por impugnarse en ella un acto terminal dictado en Santiago.
Fisco de Chile deberá indemnizar a familiares por las muertes ocurridas en la tragedia del 27/F.
El recurso de casación en el fondo es inviable, pues se alza contra los hechos asentados por los jueces de instancia, los cuales han quedado inamovibles para esta judicatura.