Las preguntas de las PSU de años anteriores son consideradas para la calibración de las nuevas evaluaciones mediante exámenes pilotos, por lo que su publicidad perjudicaría la confección de los nuevos mecanismos de ingreso (se distorsionarían los estudios técnicos de las preguntas).
Tampoco en caso que la audiencia haya sido solicitada por funcionarios públicos a título personal o en representación de un gremio, por configurarse las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia.
La función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva la obligación elevada a rango constitucional de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos del Estado ante la ciudadanía.
La nacionalidad es uno de los requisitos exigidos por el Estatuto Administrativo para postular a cargos públicos. El cual deberá ser acreditado y constará en la respectiva carpeta funcionaria, por lo que, el documento en el que figure la nacionalidad de un funcionario es un documento que sirve de fundamento para su postulación, y aquello lo convierte en información pública.
El Servicio no logró acreditar que la información requerida forma parte de un documento que se encuentra en elaboración, y tampoco consiguió demostrar que los datos solicitados no obran en su poder.
En dicha circular se posibilitan vacaciones de residencia temporaria de hasta dos años a los nacionales de los Estados partes, las que pueden transformarse en permanentes, mediante una presentación dirigida a la autoridad migratoria chilena.
Dar cuenta de la afiliación de trabajadores a una asociación de funcionarios, o de cualquier antecedente que logre identificarlos, constituye información reservada.
Se identificaron rentas más altas en el caso de los hombres que lideran este tipo de empresas, lo que se asociaría a una menor presencia femenina en cargos con salarios más altos, como presidencias de directorios y gerencias generales.
“La pandemia, en general, provocó cambios en los registros que informan los organismos públicos por Ley de Lobby”, subrayó el presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, tras dar a conocer una baja en los números de audiencias, viajes y donativos que informan funcionarios de distintas entidades públicas en 2022, con respecto a números históricos y en particular en relación a años previos a la emergencia sanitaria.
El requirente estima que los preceptos impugnados atentan contra los principios constitucionales de legalidad y competencia, además de la garantía constitucional del debido proceso.
