El Tribunal de alzada consideró que la información es pública y no debe mantenerse bajo reserva.
La resolución busca materializar en la actividad estatal el derecho fundamental a la protección de los datos personales.
Gloria de la Fuente, quien encabeza el Consejo para la Transparencia (CPLT) sostuvo reunión protocolar con la senadora Adriana Muñoz, para abordar, entre otros temas relevantes de su gestión, las propuestas que presentará el CPLT para el órgano constituyente y mecanismos en general, dado que a su juicio “en el acceso a la información pública y en la transparencia se juega parte importante del proceso”.
El Tribunal de alzada consideró que la información que mantiene la Superintendencia de Pensiones es reservada por afectar los derechos de los herederos de los fallecidos.
En el contexto de una fiscalización el Consejo para la Transparencia recibió por parte de Carabineros datos personales como el RUT de los solicitantes de distintos tipos de permisos.
Fiscalización del Consejo evidenció reiterados incumplimientos por parte de estos y otros organismos del ámbito sanitario, entre otras, solicitudes de información sin responder o entrega de antecedentes fuera de plazo. En el caso de la subsecretaría de Redes Asistenciales se identificaron requerimientos de 2019, previo a la pandemia, sin ningún tipo de gestión, levantando las alertas en el organismo que debe garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia.
Consultada sobre el uso masivo del RUT para la prestación de servicios y compra de bienes, entre otras situaciones cotidianas, la titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, apuntó a la urgencia de avanzar en el perfeccionamiento de la ley que resguarda la información personal, “con reglas que defiendan los intereses y derechos de todos”.
El Tribunal de alzada rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto en contra la decisión de amparo, adoptada por el CPLT, al compartir que la información solicitada es genérica, voluminosa y su recopilación obligaría a distraer de sus labores habituales a funcionarios de la repartición.
El Tribunal de alzada consideró que en la especie, el CPLT ha actuado dentro de sus atribuciones legales y que la información solicitada no tiene el carácter de reservada.
El Tribunal de alzada descartó que la entrega de información en los términos que dispuso el CPLT afecte el interés nacional o las relaciones diplomáticas con China.
