Decisión del CPLT de dar a conocer la información financiera de los clubes de fútbol se ajusta a derecho. La reclamante sólo alegó de forma superflua los posibles perjuicios que pretende evitar con el secreto de la información considerada como sensible.
El documento reúne recomendaciones básicas orientadas a explicar de forma sencilla la regulación vigente y reforzar la protección de datos personales que se manejan en instituciones de la administración central y municipios, incluyendo la reducción de accesos no autorizados y de tratamientos indebidos de este tipo de información.
El presidente del organismo, Francisco Leturia, explicó que de esta forma se busca transparentar qué tipo de información se filtró, dado que “estamos ante información sensible, no solo información que podría ser personal, sino también información que podría pertenecer al ámbito de la seguridad nacional”.
El Tribunal de alzada descartó que la información solicitada por ley de transparencia a la Subsecretaría de Educación Superior tenga el carácter de reservada.
La entidad no había respondido a dos solicitudes de datos que consideran variables como armas utilizadas, nacionalidad, edad y sexo de las víctimas, entre otros.
El Tribunal de alzada confirmó que la información solicitada por Ley de Transparencia tiene el carácter de reservada, por lo que su divulgación podría afectar los intereses y derechos comerciales o económicos de las compañías que operan en el mercado de seguros.
El análisis contempló información de lobby registrada por 278 organismos públicos entre el 11 de marzo y el 30 de junio de 2022, acorde a lo que establece la Ley N° 20.730, que busca transparentar las actividades de lobby y gestiones de intereses particulares.
El máximo Tribunal considera que se trata de datos sensibles, pues se refieren a características morales de los sujetos que se encuentran cumpliendo condena.
El Tribunal de alzada consideró que la entidad edilicia carece de legitimación para recurrir de la decisión.
El Consejo para la Transparencia requirió antecedentes que promuevan el acceso a información entre padres y apoderados, y permitan dimensionar la problemática.
