Que el derogado artículo 51 de la Ley N° 16.807 faculte a la antigua Caja Central de Ahorros a ordenar la incorporación de cláusulas de no enajenar en los contratos de mutuo, en nada altera la naturaleza de dichas cláusulas, que por regla general son convencionales.

El reclamante alegó que la medida prejudicial precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos respecto del inmueble objeto de la compraventa fue decretada días después de que pidiera su inscripción, argumento que fue acogido por el Tribunal.

La posibilidad de ejecutar el mandato después de la muerte del mandante dice relación sólo respecto de los herederos que lo suceden, y en este caso, el solicitante de inscripción actúa en calidad de comprador y no como sucesor.

El reclamante alegó que el CBR sólo puede negar una inscripción si se está ante un vicio formal y notorio, argumento que fue descartado por el Tribunal, tras establecer que el Conservador debe hacer una revisión por sobre lo meramente formal a fin de cumplir con el principio de legalidad registral.

No es relevante que en las cláusulas contractuales se colacionen determinados bienes inmuebles y derechos de aprovechamiento de aguas, ya que dicha enumeración debe considerarse como meramente enunciativa y ejemplar, si lo transferido es el derecho sobre la herencia.

Era necesario que, de manera previa al procedimiento de subdivisión, la determinación de las dimensiones fuera salvada conforme a lo establecido en los artículos 88 y 89 del Reglamento Conservatorio de Bienes Raíces, o por vía judicial, en subsidio.

Que la propiedad no esté inscrita en el Registro Público de Tierras Indígenas de la CONADI no es determinante porque existen tierras no registradas y porque dicho registro sólo tiene una finalidad de publicidad.

El Juez de primer grado rechazó el reclamo, por considerar que la prescripción alegada por el actor -y que servía de fundamento para la cancelación de la hipoteca- debía ser declarada por un tribunal, decisión que fue revocada por la Corte en alzada.

El actor reconoció que al no estipularse la cláusula que faculta al portador de copia autorizada a solicitar la inscripción, debían ir ambos contratarse a realizar la diligencia, sin embargo, alega que eso es imposible de cumplir, toda vez que la vendedora falleció hace años.

El principio de inexcusabilidad de los tribunales de justicia obliga al sentenciador a resolver el conflicto, no pudiendo excusarse en la inexistencia de reglas en el procedimiento no contencioso que permitan solicitar la rectificación de inscripciones.