Con relación al aborto se ha producido un fenómeno insólito en muchas legislaciones, incluida la española. En apenas unas décadas ha pasado de ser considerado un delito a convertirse en un derecho, y ahora, en Francia, un derecho garantizado por la Constitución. La consideración del aborto como derecho constituye una grave injusticia y nunca puede calificarse como conforme a derecho.
La entidad tiene un plazo de 210 días corridos para lograr la cantidad de afiliados establecida por ley.
La Corte de San Miguel rechazó el recurso de amparo económico interpuesto en contra de la Sociedad Administradora del Terminal Pesquero Metropolitano S.A., por supuestos bloqueos y cierres de las vías de acceso al público
Preocupa que el acuerdo valide nuevamente esquemas de representación política que distorsionan la democracia representativa y la igualdad del voto como son los escaños reservados indígenas y la corrección por paridad de género.
En octubre de 1812 se realizó una inédita consulta pública para someter a ratificación el primer Reglamento Constitucional que tuvo Chile y que dio origen al primer Senado. Siete senadores formaron parte de esta Cámara que, entre otras materias, aprobó la primera ley de libertad de Prensa, la de instrucción primaria, la de policías y la dictada a favor de los indios.
La reforma habilita un Plan B en caso de que se rechace la propuesta de nueva Constitución.
La propuesta constitucional tiene un sinnúmero de materias que son preocupantes y que hacen el texto en extremo defectuoso. Democracia entrampada; Indigenismo y desigualdad ante la ley; Conflictividad y fragmentación social; Incerteza e inestabilidad jurídica y económica; Libertades amenazadas; y Aumento de la burocracia estatal.
Se debe detener la persecución de usuarios de cannabis y otras sustancias enteógenas o psicoactivas, pues es un grave atentado a los derechos humanos procesar penalmente a personas por cultivar cannabis para gestionar sus dolores, sus placeres y su bienestar.
La intención es que el órgano vele por la promoción, tutela, protección y resguardo de los derechos y garantías asegurados por Constitución y los tratados internacionales vigentes, ante actos u omisiones de órganos y servicios de la administración pública y de personas naturales o jurídicas que realizan actividades de servicio o utilidad pública.
Alegan que se los privó de intervenir en el debate de normas reglamentarias haciendo el uso de la palabra lo que contraviene la libertad de expresión garantía básica en un proceso democrático de deliberación y búsqueda de acuerdos.
El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en la nueva Constitución debe realizarse desde la unidad de la nación y el Estado.
