El Estado es el principal garante del derecho a la consulta previa, ante lo cual las empresas o particulares interesados en la ejecución también tienen deberes. Esta Corte ha señalado que existe un deber de debida diligencia en cabeza de las empresas, que consiste en respetar los derechos fundamentales de los pueblos étnicos.
El máximo Tribunal estableció el actuar ilegal de la cartera, al no acatar un imperativo legal y lesionar la garantía de igualdad ante la ley de las organizaciones recurrentes.
El consejero constitucional, pionero de la solicitud de llevar a cabo una consulta indígena, se refirió a la decisión que tomó el Consejo Constitucional –con votos de Republicanos y Chile Seguro– de rechazar la propuesta.
En tal caso, también requerirán obtener la pertinente RCA favorable para efectos de otorgar la recepción definitiva, de acuerdo a lo previsto en el artículo 25 bis de la Ley 19.300, y caso de ser procedente efectuar una consulta indígena.
El Tribunal de alzada dejó sin efecto la resolución exenta que califica favorablemente el proyecto que impulsa la empresa Forestal Arauco S.A., a través de su filial Arauco Bioenergía S.A., que contempla la instalación de 43 aerogeneradores en las comunas de Arauco y Curanilahue y la construcción de subestaciones y una línea de transmisión de 60 kilómetros.
Sin embargo, recuerda que el MBN debe autorizar las concesiones emplazadas en territorios fiscales y que el dictamen N°25667N19 pronunció –en un caso similar- que es necesario efectuar una consulta indígena preliminar para resolver si se permite o no la ocupación de predios ubicados en Áreas de Desarrollo Indígena.
Se trata de la decisión un órgano de la administración del Estado, cuyas consecuencias por su potencial económico inciden en las posibilidades de desarrollo de las comunidades indígenas asentadas en el área perteneciente a un proyecto de explotación minera.
Esto, con ocasión de la crisis sanitaria, y en atención a las facultades que el artículo 18 del DS N°66 le otorga al Ministerio de Obras Públicas en casos excepcionales.
Las garantías fundamentales alegadas por los actores no se encuentran resguardadas por la acción constitucional intentada.
La recurrente sostiene que la resolución impugnada afecta directamente la forma en cómo realizan los cultos y ceremonias tradicionales, afectando tradiciones esenciales para la cosmovisión religiosa y ancestral del Pueblo Mapuche.
El actuar de la Convención puede ser calificado como contrario a la buena fe y transgresor del carácter previo de toda consulta indígena, afirman los recurrentes.
