La solicitud se da pues la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, expresó en un oficio que no le correspondía a esa entidad pronunciarse respecto de la suficiencia o no de los antecedentes que sirven de fundamento para las propuestas del Instrumento de Planificación Territorial.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de casación en la forma deducido en contra de la sentencia, dictada por el Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, que ordenó los pagos.

El dictamen refiere a la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control -contenida en el dictamen N° 5.236, de 2002, entre otros- refiriéndose a los concejos municipales en su rol de solicitar información, lo cual por su similitud con el tema en comento ayuda a esclarecer la consulta realizada.

La solicitud se da pues la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, expresó en un oficio que no le correspondía a esa entidad pronunciarse respecto de la suficiencia o no de los antecedentes que sirven de fundamento para las propuestas del Instrumento de Planificación Territorial.

El ente contralor adujo que no corresponde impartir instrucciones que impliquen el control del correcto uso de los permisos de desplazamiento por parte de servidores de ese organismo.

El pronunciamiento responde a la consulta realizada por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

El pronunciamiento respondió a la solicitud realizada por INAPI.

Esto, a propósito de solicitud de la “Agrupación de Almaceneros Unidos contra la delincuencia y PYMES transportistas de productos del retail”, solicitando se declare la ilegalidad del actuar de Comisaría Motorizada de Carabineros, al prohibir que su personal efectúe controles y fiscalizaciones a vehículos que circulen sin su placa patente.

El ente contralor recordó que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, en su artículo 19, N° 17, la admisión a todas las funciones y empleos públicos.

Esto, a propósito de solicitud de reconsideración de concejal de la Municipalidad de Ñuñoa, del oficio mediante el cual se representó el acto administrativo que le concedía una pensión en la ex Caja de Empleados Públicos y Periodistas.