El máximo Tribunal mantuvo a firme la decisión de la magistratura de instancia, al observar que el demandante no probó en juicio la fuente de la obligación que pretendía le fuera reconocida por medio de un pagaré, y en sede de nulidad sustancial impugnó las normas probatorias, y no aquellas decisoria Litis que decían relación con el contrato de mutuo.
La Cuarta Sala del tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y arbitrario del otrora docente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas al remitir a las casillas institucionales de las recurrentes, mensajes ofensivos y que atenta contra su honra.
Desde el 2014, un informe sobre el impacto negativo de las empresas mineras canadienses en América Latina espera que las autoridades canadienses tomen acciones tendientes a regular desde Canadá sus actividades, en particular desde la perspectiva de los derechos humanos y de la protección del ambiente.
En el fallo la magistradacondenó al Gobierno Regional de Aysén a pagar las sumas de $314.643.032, por mayores gastos generales, y $54.968.896, por el cable utilizado y no pagado.
El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda presentada por el Sernac y que declaró nulas las cláusulas décima y undécima, mas no la octava, de los contratos de adhesión para el uso de instalaciones recreativas del club.
El adjudicatario no habría cumplido con los plazos en la entrega de los productos.
El máximo Tribunal desestimó la procedencia del recurso al estar mal formulado.
Se desestimó también la demanda reconvencional mediante la cual se buscaba el reembolso de lo supuestamente invertido en mejoras al bien raíz arrendado.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar y estableció el actuar ilegal y arbitrario del ente persecutor “puesto que la referida ausencia de motivos que justifiquen la decisión allí contenida, demuestra que ha obedecido al mero capricho de la autoridad que la expidió”.
No obstante, el valor total de las obras adicionales no puede exceder el 30% del monto del contrato originalmente acordado.
Se sostiene que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1547 del Código Civil correspondía al demandado acreditar el cumplimiento de la obligación de pagar la deuda del Banco de Chile, lo que no aconteció pese a habérsele ofrecido la oportunidad legal para ello.
