La ordenanza no infringe la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, ya que el discurso requerido es factual y no controvertido, y está dirigido a promover un interés legítimo del gobierno en la prevención del suicidio y la salud pública.
La ley impugnada afecta los derechos de los consumidores y la protección de los niños y adolescentes. La Constitución Federal establece que es competencia concurrente de la Unión, los Estados y el Distrito Federal legislar sobre la protección de la niñez y la juventud.
La nueva normativa está inspirada en la ley de aborto de Texas, que ha sido criticada en numerosas ocasiones por las autoridades californianas. Ambas legislaciones permiten a los particulares demandar civilmente a sus transgresores.
El máximo Tribunal considera que tal acto no vulnera el debido proceso, pues la pericia fue solicitada con anterioridad a la comunicación de cierre de la investigación, hecho conocido por la defensa al declarar que haría suya toda la prueba de la fiscalía durante el juicio.
Recurrente objetó la negativa de la DGMN a cursar su petición de inscripción respecto de cuatro armas de fuego, en circunstancias que mantiene vigente una investigación por tenencia ilegal respecto de las mismas.
La propuesta, en sus pasos finales en el Congreso Nacional, define las armas y elementos relacionados prohibidos en su tenencia o respecto de las cuales se requerirá autorización por parte de la Dirección General de Movilización Nacional. Asimismo, se regulan las vías de fiscalización y materias relacionadas a la identificación de balística automatizada.
Es la primera vez en más de una década que la Corte Suprema elige pronunciarse sobre la Segunda Enmienda.
Estos fueron algunos de los principales puntos aprobados por las comisiones especializadas en el estudio del articulado que ahora deberá ser analizado desde el punto de vista presupuestario.
No se infringen los principios de igualdad ante la ley y no discriminación, ni el principio de proporcionalidad atendido el bien jurídico cautelado por ese ilícito.
Se confirmó la pena decretada en 2019 a la empresa armamentística Heckler & Koch por la venta ilegal de unos 4.219 fusiles de asalto a zonas en conflicto en México.
La resolución señala que las imputaciones dirigidas contra el requirente no tienen incidencia en las reglas sobre penas sustitutivas a las privativas de libertad.
