Los contratos firmados por la administración gozan de presunción de legalidad, por lo que ésta no puede convalidar libremente la sanción establecida en el artículo 162 del Código del Trabajo, pues, de hacerlo, se gravaría en forma desigual al ente público.

Al existir trabajo en régimen de subcontratación, el mandante de la obra no puede sustraerse de la responsabilidad que le compete en exigir a la empresa contratista el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales hacia sus trabajadores, según lo establecen los artículos 183-A y 183-B del Código del Trabajo.

Los contratos entre la administración del Estado y sus dependientes gozan de presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido y no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido.

Los contratos celebrados por la Administración gozan de presunción de legalidad, por lo que no pueden ser convalidados respecto de la sanción que establece el artículo 162 del Código del Trabajo, y dar lugar a ello implica una indemnización desmesurada en favor del funcionario.

Sin embargo, el máximo Tribunal no hizo lugar a la demanda de nulidad del despido, al estimar que tal institución no puede ser libremente convalidada por la Administración del Estado.

Ex funcionario público demandó la declaración de relación laboral y la nulidad del despido, no obstante, su libelo fue acogido parcialmente y se desestimó la nulidad, al ser una institución que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador.

Esto es así, debido a que los contratos celebrados por la administración del Estado gozan de presunción de legalidad, por lo que no puede convalidarse libremente lo establecido en el artículo 162 del Código del Trabajo, ya que se desnaturalizaría el objeto de la norma.