El tribunal de alzada acogió las acciones cautelares, tras establecer el actuar ilegal, arbitrario y omisivo de la recurrida por las graves deficiencias advertidas las que emanan de pretéritos años y han sido permanentes e incrementadas con el transcurso del tiempo al no haber tomado oportunamente las acciones preventivas y reparadoras que cada establecimiento requería, lo que no se hizo por una evidente desidia.
El requirente, Marco Enríquez-Ominami, estima que los preceptos legales cuestionados atentan gravemente a sus garantías fundamentales, como son su derecho a la integridad física y psíquica, la libertad personal y de movimiento, y a la libertad de trabajo y económica.
La requirente estima que la norma impugnada transgrede su derecho al recurso.
El control de identidad estigmatiza a los sectores de la población históricamente discriminados debido a su edad, apariencia u origen.
El derecho al agua es una garantía fundamental protegida en múltiples Tratados Internacionales de Derecho Humanos.
