Durante las últimas semanas, y en lugares específicos del país, se han realizado diversas marchas convocadas por movimientos y líderes rurales en defensa del rodeo, las carreras de galgos y las peleas de gallo.
Tras las elecciones que se realizaron el pasado domingo 21 de noviembre en donde los candidatos José Antonio Kast y Gabriel Boric obtuvieron 27,91% y 25,83% de los votos respectivamente, la mesa directiva del órgano Constituyente declaró que no les corresponde analizar resultados electorales, puesto que su tarea es enfocarse en escribir una Nueva Constitución.
Tras una segunda petición para reunirse con la Convención, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) se presentará ante los constituyentes el próximo 27 de diciembre para discutir temáticas relacionadas al empresariado en la Nueva Constitución.
Desde el 22 de noviembre en adelante se tendrá un plazo de 60 días para que las personas puedan subir sus propuestas, las cuales solo serán aceptadas a través de la plataforma Red para la Participación.
El miércoles 11 de noviembre, 44 convencionales solicitaron pasar a votación la siguiente declaración, la cual se parecía a la expuesta hace dos semanas por integrantes del oficialismo el pasado 14 de octubre y que no había llegado a votación en la Mesa de la Convención, en donde se hablaba de condenar «todo tipo de violencia como expresión política».
Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
No le corresponde a la Contraloría General interpretar el artículo 134 de la Constitución, toda vez que ello implica incidir en la autonomía que el ordenamiento le reconoce a la Convención.
El intento de establecer plebiscitos dirimentes supone de desconocer el texto constitucional y el acuerdo político que fijó las reglas las funcionamiento del órgano constituyente.
Cinco de las siete comisiones temáticas del trabajo constituyente ya definieron a los rostros que liderarán la tarea.
Tres normas ya aprobadas del reglamento de la Convención Constitucional que redactará la nueva Constitución podrían tener repercusiones sobre la libertad de expresión.
