Los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad pueden ser limitados y regulados en entornos laborales en los cuales la seguridad y la vida del colaborador y los compañeros de trabajo están en juego. Si bien, deben respetarse los derechos individuales no puede desconocerse que, en un entorno laboral riesgoso, el empleador debe propender por el bienestar y la seguridad de todos los empleados y los terceros.
Corte Constitucional de Colombia
Empleadores deben priorizar el teletrabajo si esta modalidad contribuye a mejorar la inclusión y dignidad de los trabajadores, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.
Autoridades deben utilizar lenguaje claro en procesos sancionatorios para que acusados puedan comprender las decisiones adoptadas en su contra, resuelve Corte Constitucional de Colombia.
Escuelas de formación policial deben implementar protocolos con perspectiva de género para prevenir situaciones de maltrato, resuelve Corte Constitucional de Colombia.
En procesos de custodia los tribunales deben especialmente observar el interés superior de los hijos y adoptar un enfoque de género, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.
En procesos en los que se debate la custodia en un escenario de separación o divorcio, las autoridades judiciales deben apreciar con cautela y con apoyo de expertos la situación emocional del cónyuge con el cual conviven los menores. Ello, en tanto se presume que la ruptura de la relación de pareja inevitablemente impacta el vínculo con sus hijos.
Olores nauseabundos en viviendas afectan la tranquilidad de las personas, por lo que es deber del Estado garantizar estándares mínimos de higiene y habitabilidad, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.
La emisión de olores afecta varios derechos y la tranquilidad de las personas. Por esa razón, varias jurisdicciones regulan las actividades industriales que puedan emitir malos olores, limitan estas dispersiones y han protegido los derechos a la salud, a la vida privada y a la vivienda digna de quienes se han visto afectados por estos olores.
Corte Constitucional de Colombia realiza alcances sobre el concepto de vivienda digna y reafirma su jurisprudencia en relación a este derecho.
La noción de vivienda digna implica contar con un espacio que le permita a la persona desarrollar sus actividades personales y familiares en unas condiciones mínimas de dignidad, para así poder desarrollar su proyecto de vida. Una vivienda adecuada debe ser habitable, en el sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes.
Inteligencia artificial no sustituye a los jueces y su uso debe respetar los derechos de las personas, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.
La IA se podrá utilizar en el sistema judicial para los ámbitos de gestión administrativa y documental, así como el de apoyo a la gestión judicial y la corrección y síntesis de textos; en tales eventos, la utilización de estas tecnologías no remplaza la labor esencial que se le ha atribuido al funcionario judicial, sin embargo, en estos casos, se deberán tener las cautelas necesarias para evitar la transgresión de derechos, tales como el habeas data o la intimidad.
Corte Constitucional de Colombia fija criterios para resolver controversias relacionadas con el retiro del consentimiento de una de las partes en procedimientos de fertilización in vitro.
En el escenario de la disputa por el destino de los embriones, no es posible basar una decisión exclusivamente en el criterio genético. Por el contrario, es necesario hacer un análisis integral de la situación fáctica, y hacer un ejercicio de ponderación sobre la afectación de los derechos de las partes.
Instituciones educativas deben proteger los derechos de los estudiantes con condiciones neurodivergentes y prevenir casos de discriminación, resuelve la Corte Constitucional de Colombia
Es obligación de las instituciones educativas brindar una atención inmediata, prevalente y prioritaria, al igual que activar protocolos y rutas de atención para evitar escenarios de discriminación. Apartarse de ese deber no solamente genera situaciones revictimizantes, sino que permite la perpetuación de las violencias y tiene un efecto directo en el potencial ejercicio y goce efectivo de otros derechos.
Tribunales deben abstenerse de facilitar acercamientos entre niños y familiares sospechosos de cometer abuso sexual, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.
El derecho de los niños a tener una familia y no ser separados de ella es una garantía en cabeza de los menores que no abarca la existencia de un deber de los niños para mantener contacto con quienes podrían ser sus agresores. Así, se concluye que los valores constitucionales que entrarían en conflicto en estos escenarios deben resolverse en favor de los niños.
Autoridades carcelarias deben garantizar un servicio de alimentación digno y adecuado a las personas privadas de libertad, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.
Cuando una persona es privada de la libertad, se separa temporalmente de la sociedad, lo que hace que el Estado asuma la responsabilidad de satisfacer sus necesidades básicas y proteger sus derechos, ya que la persona bajo estas circunstancias no puede proveerse por sí misma de los bienes y servicios necesarios para subsistir. Por tanto, el Estado, a través de las autoridades carcelarias, tiene la obligación de asegurar condiciones que permitan una existencia digna.
Instituciones de educación deben facilitar el tratamiento psicológico de sus estudiantes que sean acompañados por perros de apoyo emocional, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.
La relación con las mascotas no solo debe ser entendida desde la instrumentalidad, sino también a partir del valor que tienen en sí mismos y los efectos que su relación con los seres humanos genera. El acompañamiento de un perro de apoyo emocional es un tratamiento dictaminado profesionalmente, por lo que debe ser ordenado por el médico o psicólogo tratante, teniendo en cuenta las condiciones del caso concreto.
Exjefe de campaña de Gustavo Petro debe responder requerimiento de periodista que solicitó información sobre los gastos de la campaña presidencial, resuelve la Corte Constitucional de Colombia.
La información relacionada con los ingresos y gastos de campañas políticas involucra directamente el interés público, por su importancia para la efectividad de los principios democráticos como el pluralismo, la participación y la protección del patrimonio público. Por lo anterior, el gerente de campaña tiene deberes y responsabilidades derivados de la rendición pública de cuentas sobre tales actividades.