Los derechos de los cuales son titulares no pueden equiparse a los reconocidos a los seres humanos, pues es necesario que sean entendidos con base en los principios de interespecie e interpretación ecológica.
Si una persona ha cumplido el tiempo máximo de prisión preventiva permitido por la Constitución sin contar con sentencia condenatoria en su contra, debe ser puesto en libertad sin necesidad de orden judicial.
El derecho al libre desarrollo de la personalidad se relaciona con la toma de decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables que tienen los adolescentes sobre su sexualidad, vida y orientación sexual.
Las fuerzas armadas deben restringir su intervención a operativos en los que ellas cumplan exclusivamente funciones complementarias a las de la policía nacional, siempre que se encuentre suficientemente justificada.
En casos donde se resuelvan derechos permanentes de NNA primará el principio del interés superior por sobre los intereses de los padres.
Las autoridades indígenas cuentan con legitimidad para ejercer funciones jurisdiccionales siempre que sean designadas mediante el derecho propio y las prácticas ancestrales de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
La imparcialidad se pierde en el momento en que el juez actúa como una parte dentro del proceso.
Al existir una presunción de legitimidad en virtud de la fe pública emanada de los actos de citación, estos no pueden ser objetados sin demostrar lo contrario.
En virtud del principio de proporcionalidad, la sanción no debería ocasionar más lesividad que la propia infracción.
El valor económico de conservar íntegro el ecosistema de manglar sobrepasa el de su explotación o el de reemplazarlo por “otras” actividades productivas.
