Se trata de la decisión un órgano de la administración del Estado, cuyas consecuencias por su potencial económico inciden en las posibilidades de desarrollo de las comunidades indígenas asentadas en el área perteneciente a un proyecto de explotación minera.
El actuar de la recurrida se encuentra amparado en la vigencia de un contrato válidamente celebrado entre las partes, que autoriza el corte de energía eléctrica por parte de la arrendadora ante el incumplimiento de la arrendataria.
El máximo Tribunal consideró que, atendido los usos que la demandante dará a los terrenos de propiedad del Fisco en que inciden las servidumbres concedidas, el monto indemnizatorio propuesto por el informe pericial no resulta íntegramente reparatorio del perjuicio ocasionado.
El máximo Tribunal ordenó al Departamento de Migración y Extranjería admitir a tramitación la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la recurrente, dentro del plazo de 5 días de ejecutoriada la sentencia.
Al no haber demostrado la recurrente la concurrencia de los errores de derecho denunciados, el recurso en examen debe ser rechazado.
Si bien el artículo 13 del Reglamento faculta al Conservador a practicar las inscripciones que se le presenten, en todos los casos debe acreditarse el antecedente que lo vincula con la facultad que emana del respectivo título.
No concurren las infracciones a las normas en que se sustenta el recurso de nulidad, el que no puede prosperar por adolecer de manifiesta falta de fundamento.
El recurso deducido no es la vía idónea para obtener la declaración de ilegalidad que se pretende.
El día 18 de febrero hubo una quema de basura que afectó a más de 50 vecinos quienes debieron concurrir a urgencias debido a que se vieron afectadas por la inhalación de humo.
La causal prevista en el artículo 160 N°3 del Código del Trabajo no alude a la voluntariedad de la ausencia, sino solo a su justificación.
No puede concluirse que actualmente, en la etapa en la que se encuentra el proyecto, exista una obligación que haya sido incumplida por la Administración del Estado, pues la obligación de consulta indígena previa no se ha configurado aún.
