Sostiene que la norma legal objetada podría infringir la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento racional y justo, el principio de proporcionalidad, desde que a diferencia de quienes fueron condenados por un delito de mayor gravedad, a los condenados por los delitos previstos en los artículos 2 letra c) y 3 de la Ley de control de Armas, no se les puede aplicar una pena sustitutiva.
No puede soslayarse que la naturaleza del asunto que originó la instrucción del sumario contra el recurrente, conductas impropias respecto de una alumna, es susceptible de afectar la honra de su persona y familia, particularmente al tratarse de un profesor de música con más de cuarenta y ocho años de ejercicio profesional.
Los hechos denunciados no constituyen privación, perturbación o amenaza del derecho a la libertad personal y seguridad individual de la persona en cuyo favor se recurre.
El derecho a vivir una vida libre violencia o amenazas a la integridad psíquica se desarrolla ampliamente en tratados internacionales relacionados con los derechos de las mujeres.
La facultad de la recurrida se contempla en una ordenanza municipal.
La Primera Sala del Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, dictada por la ministra en visita extraordinaria Marianela Cifuentes Alarcón, que condenó a Pedro Octavio Espinoza Bravo, César Manríquez Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, Fernando Eduardo Lauriani Maturana y Ciro Ernesto Torré Sáez a 10 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito.
No existen medidas de emergencia susceptibles de ser adoptadas. La SEC adoptó todas las medidas de supervigilancia y control en resguardo de los derechos de la actora.
El arbitrio se interpuso un año después de la fecha del acto reclamado.
El término anticipado de una contrata no es una sanción administrativa.
El actor conoció y aceptó lo propuesto por la recurrida.
La idoneidad del medicamento no se encuentra acreditada.
