Para poner término al goce gratuito de alguno o algunos de los comuneros sobre la cosa común, bastara la reclamación de cualquiera de los interesados; salvo que este goce se funde en algún título especial.

No se advierte la forma en que la realización de los exámenes toxicológicos pueda afectar sus garantías constitucionales, cuya modalidad se corresponde con el practicado a otros funcionarios de algún poder del Estado y se trata de medidas establecidas para transparentar la función parlamentaria.

Sin perjuicio, la Corte ordenó a Gendarmería adoptar todas las medidas para garantizar la integridad y seguridad del amparado y remitir la solicitud del traslado al Director Regional para su conocimiento y resolución. La clasificación de los internos, la decisión del módulo en que deben permanecer y su traslado a otras unidades penales, corresponden a decisiones a administrativas de Gendarmería.

Cuando el artículo 258 del Código Procesal Penal faculta al juez para autorizar la acusación formulada por el querellante, rigen las mismas limitaciones que tiene el Ministerio Público para acusar.

La discusión trabada no se vincula con una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar de urgencia, en cuanto ésta no constituye una instancia de declaración de derechos.

La decisión adoptada por el Juzgado de Garantía de Putaendo, que ordenó el reintegro del amparado al CET de Putaendo, debió ser acatada por la autoridad de Gendarmería.

La decisión de trasladar al imputado de 18 años desde un centro penitenciario de Isla de Pascua a un centro de Quillota, se sostiene en el peligro para la seguridad de la víctima.

El Tribunal de alzada rechazó la solicitud incluida en recurso de protección, permitiendo la implementación del examen a diputados y diputadas en ejercicio y la difusión del listado de parlamentarios a quienes se aplica la prueba.

Nuestra legislación permite a cualquier medio de comunicación difundir información, con ciertos límites y estándares básicos a cumplir, cuando existe interés público relevante comprometido, sostiene el recurrido.

El Congreso Nacional detenta la autonomía y facultad privativa para dictar sus propias normas reglamentarias que regulen su organización y funcionamiento interno.