El proyecto a desarrollar por la Gobernación Regional de Valparaíso constituye un estudio básico y previo que dará lugar a un futuro Plan de Gestión, por lo que no constituye un acto que genere un impacto directo sobre los derechos de la recurrente.

El empleador sólo puede rendir prueba respecto de los hechos contenidos en la carta de aviso de término de la relación laboral.

La recurrente dedujo erróneamente las causales subsidiarias.

La reclamante fue sancionada con una multa de 60 UTM.

Para que opere la presunción de culpabilidad del artículo 2329 del Código Civil es necesario probar que la demandada incurrió en conductas u omisiones en la realización de una actividad peligrosa.

El permiso de edificación se otorgó en relación a un Plan Regulador comunal que no cuenta con una Evaluación Ambiental Estratégica aprobada y se ubica a 244 metros de un sitio declarado “Santuario de la Naturaleza.”

Las impugnaciones referentes a la valoración de los hechos y las pruebas presentadas en juicio son propias de un recurso de apelación y carecen de la eficacia legal requerida para configurar una causal de nulidad penal.

El tribunal de alzada rechazó la demanda sin realizar el análisis del vínculo de causalidad entre el agente y el daño causado.

La autoridad ambiental debe realizar un análisis previo sobre el impacto de las construcciones que se quieren realizar en el sector declarado “Zona Típica.”

La inscripción es requisito, prueba y garantía de la posesión de un inmueble, por lo que su ausencia obsta la adquisición de su dominio.