Por lo anterior, es posible para estimar que el actor tomó conocimiento de la fiscalización en que se constató la infracción sancionada.

La judicatura estimó que la acción debió ejercerse en contra de la resolución que fijó tal calificación y no contra aquella que la confirmó.

Los vecinos alegan que la omisión denunciada permitió la expansión de la “toma”, trayendo como consecuencia contaminación, incivilidades y delincuencia en el barrio.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Efecto Retroactivo de las Leyes, la recurrente fue válidamente reconocida por su madre al momento de solicitar su inscripción de nacimiento.

La legislación define la subcontratación desde el punto de vista del trabajador que labora en tal régimen y no de las empresas que se benefician –directa o indirectamente– con su actividad.

Además, la recurrida alegó que la entrega de poderes a terceros ajenos al sindicato no estaba regulada en su estatuto.

Además, se encuentran pendientes recursos administrativos relativos a la resolución impugnada.

El actor realizó gestiones con la clara intención de beneficiar a su hija en la labor que realiza en su lugar de trabajo.

Las autoridades regionales no cuentan con facultades para ordenar el desalojo de un bien inmueble privado.

El afiliado se encuentra en condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.