La decisión de la autoridad administrativa de expulsar a las personas que ingresaron de manera ilegal al país hace dos años, las que se encuentran desarrollando un plan vital en el país y han generado un gran arraigo en éste, es desproporcionada y carente de los fundamentos suficientes.

Pese a que el riesgo vital asociado a dicha enfermedad es permanente, la presencia de síntomas extraordinarios permite concluir un agravamiento de la situación de la actora, la que la hace requerir de ayuda especializada.

En virtud de su competencia conservativa la Corte puede adoptar todas las medidas conducentes para otorgar la debida protección a quienes han visto amagados sus derechos, aun cuando su origen sea indeterminado.

La decisión impugnada se adoptó en el marco de un procedimiento contradictorio y ajustado a las normas que rigen la materia.

Los antecedentes aportados por el Ministerio Público no constituyen elementos suficientes para formular acusación o requerimiento en procedimiento simplificado por los delitos indagados.

El arbitrio no mencionó hechos constitutivos de vulneración de garantías constitucionales que requieran amparo por vía cautelar.

Ante un conflicto entre la voluntad de la madre y el interés superior del niño, este último debe primar, particularmente si atenta contra la garantía consagrada en el N°1 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

El arbitrio careció de razonamientos dirigidos a demostrar los errores de derecho en que habría incurrido la magistratura.

Por lo anterior, es posible para estimar que el actor tomó conocimiento de la fiscalización en que se constató la infracción sancionada.

La judicatura estimó que la acción debió ejercerse en contra de la resolución que fijó tal calificación y no contra aquella que la confirmó.