El tribunal de alzada penquista rechazó decretar una Orden de no Innovar, consistente en instruir a la recurrida no cortar el suministro eléctrico de la Vega.
Vulnera la integridad psíquica desde que el acto puede afectar costumbres ancestrales y cosmovisión de la comunidad; la igualdad ante la ley al desconocer la normativa especial que persigue equipararlos al resto de la comunidad nacional.
Durante ese lapso la ley le asignó a la empresa principal la responsabilidad de controlar el pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales.
El Tribunal de alzada acogió la acción judicial, tras establecer el actuar arbitrario e ilegal del recurrido al realizar imputaciones genéricas, sin existir una resolución judicial que confirme su veracidad.
Entre otras medidas urgentes solicitan que se ordene recuperar el control del territorio.
