El máximo Tribunal consideró que la pretensión de la defensa resulta ajena a los supuestos y fines de la acción otorgada por el artículo 21 de la Carta Fundamental.
La sanción consideró el beneficio económico obtenido por la reclamante, configurado por el ahorro que le significó no haber realizado diligencias tendientes a verificar que no hubiese redes de gas que se pudieran afectar con los trabajos realizados.
La noción de “causa grave” como justificación de la solicitud de rendición de cuentas antes del término de la administración del tutor o curador no se encuentra definida en la ley, no obstante tratarse de una acepción utilizada en diversas normas del Código Civil.
El máximo Tribunal confirmó el fallo que invalidó la decisión que dejó sin efecto la beca del recurrente correspondiente al año 2021, así como la decisión de no admitir a tramitación su solicitud de renovar la beca para el año 2022, debiendo la recurrida transferir los fondos respectivos.
Al tratarse de un acto administrativo debe cumplirse con lo previsto en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.
El Estado tiene la máxima responsabilidad por el servicio que entrega, más aún, tratándose de un parto, en que no debe escatimarse en los cuidados cuando existen factores de riesgo.
Se alegó que el Ministerio Público no puso a disposición de la defensa el parte policial y sus anexos, faltando además la realización de la totalidad de diligencias instruidas, lo que vulnera el derecho a defensa.
En tal caso, surge el derecho a los incrementos legales previstos en el artículo 168 del Código del Trabajo.
De esta forma, si el vínculo laboral cesó antes de la fecha en que se dictó la resolución que dispuso la liquidación, la sanción de nulidad del despido debe aplicarse solo hasta dicha data.
La recurrida vulneró el legítimo derecho del recurrente de acceder, con oportunidad, a los beneficios previsionales a que tiene derecho en su calidad de enfermo terminal.
