No se advierte que la recurrente haya sufrido alguna perturbación, amenaza o privación al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales invocadas.

Según lo dispuesto en el Decreto 280 del Ministerio de Educación, la asignatura sobre Lengua Indígena es optativa, por lo que no existe la imposición denunciada.

El bloqueo aparece aplicado como una forma indirecta de obtener el pago de acreencias, por parte de Cannon Center quien es, en definitiva, la deudora de la recurrida.

Por consiguiente, el resto del plazo de caducidad pendiente se debe contabilizar una vez terminado el reposo prescrito.

Se trata de una sentencia interlocutoria que pone término al juicio por lo que procede el recurso de apelación de manera directa.

Al evidenciarse falencias en la función fiscalizadora de la Municipalidad, conforme a su propia normativa, siendo responsable de su aplicación y eficaz cumplimiento, incurre la entidad edilicia en una omisión al no decretar medidas efectivas que propendan a la sana convivencia vecinal.

El actuar de la recurrida se asila en las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República que son obligatorias y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización.

El Tribunal no está sometido a una regla estricta de ponderación de todos y cada uno de los elementos de convicción que se le presenten, únicamente se le exige análisis y valoración de los medios de prueba, tanto los que estime, como los que desestime, dando razón de ello.

Al rebajar los montos fijados en favor de la demandante por concepto de daño moral, sin que fuera solicitado en el recurso de apelación, se configura la causal de nulidad del artículo 768 N°4 del Código de Procedimiento Civil.

No se dio cuenta del inicio de un proceso investigativo con el propósito de aplicar una sanción disciplinaria. El procedimiento no se ajustó a la ritualidad ni formalidades necesarias para evitar transformarse en una comisión especial.