
Tal indeterminación impide que el denunciado ejerza los derechos respetados a las personas sujetas a procedimientos sancionatorios.
Tal indeterminación impide que el denunciado ejerza los derechos respetados a las personas sujetas a procedimientos sancionatorios.
Con ello, se afectó la libertad de asociación del actor.
El procedimiento podrá reanudarse cuando se resuelva la solicitud que busca sea declarado como humedal urbano.
El actuar omisivo de la Ministra de Salud, atenta contra la obligación de los órganos de la Administración del Estado de brindar una respuesta frente a las solicitudes que se le formulan, conducta que deja a los recurrentes en la incertidumbre respecto de lo solicitado, sin justificación.
No se aprecia un actuar ilegal o arbitrario por parte del recurrido por los hechos denunciados, ni tampoco se advierte alguna vulneración de garantías fundamentales.
La publicación sin duda perturba el ejercicio de las garantías de integridad psíquica y honra de la recurrente -en particular su reputación social-, deviniendo en una conducta ilegítima de autotutela; de carácter ilegal y arbitraria.
El recurso impetrado dice relación con la interpretación y ejecución del contrato de obra pública celebrado entre las partes, materia debe conocer el juez del contrato.
La regulación del Estatuto Docente sobre la terminación del contrato no comprende normas relativas a la nulidad del despido.
El artículo 184 bis del Código del Trabajo contiene una regla expresa que vincula su contenido con el procedimiento de tutela laboral y, en particular, con la garantía de indemnidad.
El hecho de no prorrogar el contrato a las recurrentes no puede estimarse contrario a la ley, toda vez que, en ellos se consignó una fecha de término, sin cláusulas de prórroga automática, por lo que conforme a lo dispuesto en los artículos 1545 y 1560 del Código Civil estos habrían concluido.
La parte recurrida podrá ejercer todas las acciones judiciales pertinentes a objeto de la debida determinación de los derechos reales en pugna, en relación a la propiedad y el derecho real de servidumbre que se reclama