El ente contralor se limitó a emitir un pronunciamiento sobre la legalidad del proceso sumarial, pues no le corresponde la determinación de aplicar una medida disciplinaria.
La obligación contraída por la recurrida no se agota en instalar la infraestructura necesaria para el consumo de agua, sino también debe otorgar acceso dicho servicio.
Los hechos no pueden subsumirse dentro de la figura establecida en el artículo 2 de la “Ley Zamudio”.
El procedimiento para tales efectos se encuentra regulado en el artículo 53 de la Ley N°19.880.
El máximo Tribunal resolvió que los sentenciadores del grado efectuaron una correcta aplicación de la normativa aplicable.
El actor no cuenta con un título técnico de nivel superior o profesional que autorice excluirlo como beneficiario.
Además, se le ordenó abstenerse de utilizar cualquier nombre y/o logo del municipio en otra cuenta.
Aceptar lo contrario implica vulnerar la garantía del debido proceso.
Se privó a la actora del derecho a presentar pruebas.
El actor no señaló comparecer en favor de los funcionarios a quienes refirió en su arbitrio.
