El municipio estaba en conocimiento desde el año 2020 del funcionamiento del taller irregular, el cual siguió funcionando bajo el mando de su dueño pese a las fiscalizaciones y multas cursadas por el municipio, actos que a juicio del máximo Tribunal fueron insuficientes para mantener el imperio de la ley, y por ende, vulneraron el derecho a la integridad psíquica del recurrente, que debió soportar los ruidos molestos del taller ubicado frente a su casa.
La Primera Sala del tribunal de alzada stableció el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al denegar el financiamiento del fármaco, afectando el derecho a la vida e integridad física y síquica del menor.
La Segunda Sala del tribunal de alzada estableció que no hay una actuación arbitraria por parte del Ministerio de Obras Públicas, dado que no se ha realizado el acto expropiatorio y que el recurso de protección no es la vía idónea para cuestionar la legalidad o legitimidad de dicho acto.
La recurrente acusó que la divulgación del petitorio en redes sociales por el Centro de Alumnos atenta contra su derecho a la honra y a no ser juzgada por comisiones especiales. La magistratura estimó que las solicitudes de los estudiantes conllevan el ejercicio de la libertad de emitir opinión, informar y presentar peticiones a la autoridad, por lo que el hecho denunciado no es arbitrario ni ilegal.
En atención a la naturaleza de los cargos de exclusiva confianza, los funcionarios de tal calidad, se mantienen en sus cargos sólo mientras cuenten con ella, dependiendo su remoción de la voluntad de la autoridad administrativa.
El inicio de la investigación suspende este plazo de prescripción. Según lo previsto en el artículo 86 de la ley 20.529, no es posible ejercer la potestad sancionadora administrativa en este caso concreto.
El ente municipal se debe asegurar que las máquinas de juegos no sean de aquellas prohibidas por el ordenamiento jurídico.
Considerando que el recurrido dio cuenta de que procedió a eliminar la publicación y que lo solicitado por la actora es su eliminación, no existe en la actualidad ninguna medida de protección que pudiese adoptarse en resguardo de sus derechos.
Transacciones acusadas alcanzaron un total de $700.000, no obstante, no fue posible corroborar que terceros hayan participado en ellas.
Una extracción de áridos que no se ajuste a la norma puede acarrear consecuencias como la degradación del río o la profundización del cauce, afectar la vegetación ribereña nativa, así como también la biodiversidad.
Los principios que inspiran y moldean el derecho penal se aplican en materia administrativa sancionatoria; ambas son manifestaciones del poder punitivo del Estado y como tales, participan de limitaciones y garantías similares.
