En medio de una manifestación pacífica -llevada a cabo en el contexto del estallido social en octubre de 2019-, los uniformados llegaron al lugar y redujeron a la víctima, golpeándolo reiteradamente con pies y puños en su cabeza, provocando lesiones graves gravísimas, así como padecimientos neuronales permanentes en el ofendido.
Corte de San Miguel
Registro Civil no incurrió en un acto arbitrario o ilegal al incluir en la posesión efectiva a dos hermanos que supuestamente habrían repudiado la herencia intestada de la causante.
Decisión de separar a voluntario de Cuerpo de Bomberos por no presentar su renuncia como sanción por incumplir el requisito de asistencia mínima, se deja sin efecto por la Corte Suprema.
Terminal Pesquero incurre en autotutela ilícita al limitar acceso de clientes a restaurante de arrendatario con el cual tiene disputa jurídica que fue resuelta por juez árbitro y que se encuentra en fase de cumplimiento.
Obstaculización de servidumbre de paso legalmente constituida e inscrita mediante la instalación de un portón por propietarios del predio sirviente es una conducta de autotutela ilícita, confirma la Corte Suprema.
Con la obstrucción del paso se provocó una afectación al derecho fundamental de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19, N°2, de la Constitución.
Cobro indebido de gastos comunes y falta de reglamento interno del Condominio son asuntos que no pueden resolverse en sede de un recurso de protección, resuelve la Corte de San Miguel.
La finalidad de la acción constitucional es la protección de derechos preexistentes o indubitados que se vean afectados por una acción u omisión ilegal o arbitraria.
Cierre temporal de colegio por doce días a consecuencia de una huelga legal de funcionarios pone en evidencia que no existen medidas de urgencia que la Corte pueda adoptar.
El fallo señala que el objeto del recurso de protección es el amparo de las garantías y derechos preexistentes, a través de la adopción de diversas medidas que se deben tomar ante un acto u omisión arbitraria e ilegal que prive o perturbe ese derecho, lo que a consideración de los actores se tradujo en el cierre del establecimiento y no entrega de alimentos aportados por JUNAEB, entre otros.
Acción de amparo económico interpuesta en contra del Terminal Pesquero Metropolitano, por bloqueos y cierres de las vías de acceso al público, se rechaza.
La Corte de San Miguel rechazó el recurso de amparo económico interpuesto en contra de la Sociedad Administradora del Terminal Pesquero Metropolitano S.A., por supuestos bloqueos y cierres de las vías de acceso al público
Término anticipado de comodato de un inmueble otorgado a una agrupación Mapuche para fines ceremoniales no es una controversia que pueda resolverse en sede de un recurso de protección, resuelve la Corte Suprema.
El recurso excede largamente del ámbito propio de la acción cautelar prevista para amparar el legítimo ejercicio de derechos indubitados que resulten amagados por actos ilegales o arbitrarios.
“Funas” en redes sociales en contra de ex candidata del PDG son ilegales y arbitrarias, resuelve la Corte Suprema.
El máximo Tribunal ordenó eliminar publicaciones agresivas y deshonrosas en contra de la ex candidata que afectan sus derechos a la imagen y al buen nombre que se encuentran implícitos en el artículo 19 N°4 de la Constitución.
No procede solicitar al CBR que cancele una inscripción especial de herencia por medio de un recurso de protección, resuelve la Corte Suprema.
La controversia excede los márgenes de una acción cautelar de derechos constitucionales, por lo que el recurrente deberá ejercer los derechos que el legislador le concede en un procedimiento de lato conocimiento.
Resulta improcedente interponer recursos de amparo en contra de una resolución dictada por una Sala de la Corte de Santiago que sustituye el arresto domiciliario nocturno por la prisión preventiva, resuelve la Corte de San Miguel.
Una vez que el tribunal de instancia decretó el arresto domiciliario nocturno, la Fiscalía apeló y contravino lo manifestado en la audiencia de formalización, alega el recurrente.
Recurso de protección no resulta idóneo para solicitar el acceso a información relativa a un decreto que dispuso el retiro de un Oficial del Ejército.
La ley de Transparencia 20.285 establece herramientas recursivas especiales para estos casos.
No procede el cobro de TAG a propietario de vehículo que transita por vías concesionadas si el Ministerio Público ofició al Registro Civil e Identificación para cancelar la patente.
Es arbitrario el cobro pretendido de deudas devengadas con posterioridad al oficio enviado por la Fiscalía al Registro Civil e Identificación para cancelar la patente del vehículo, por lo que no le resultan imputables las demoras o descoordinaciones entre los organismos públicos involucrados.