El plazo de 30 días para reclamar en contra de una resolución de la DGA, debe computarse como plazo administrativo, y una vez ha sido admitido a tramitación por la magistratura, puede aplicarse la regla de los plazos judiciales que considera al día sábado como hábil, resolvió el máximo Tribunal.

La Corte Suprema confirmó la decisión en alzada, y ordenó al municipio pagar todas las remuneraciones pendientes del año en curso, debido al término anticipado de una contrata que no cumplió con los estándares de motivación de la Ley Nº19.880, decreto que fue calificado por la magistratura como fundado en una “razón subjetiva y confusa”, sin brindar argumentos comprensibles del por qué se debía finalizar el pacto con el funcionario.

El colectivo intenta evitar el uso de sus símbolos nacionales e imágenes icónicas -como las de Ana Frank-, que el ex Pink Floyd suele utilizar en sus conciertos, con declaraciones antisemitas y que incitan al odio en contra del pueblo judío. De esta forma, la recurrente quiere evitar episodios similares a los ocurridos en Montevideo o Buenos Aires, donde el cantante acusó a Israel de “genocida”, y catalogó los ataques de Hamas como “de falsa bandera” y un montaje del sionismo.

La negativa del recurrido fue vista por la magistratura como una vulneración al derecho a la vida y al derecho a la protección de la salud del niño, quien necesita urgentemente ser tratado con el medicamento Atalureno para frenar las graves consecuencias que su padecimiento le podría ocasionar.

El recurrente fue dado de baja inmediatamente por “mala conducta”, por el mero hecho de viajar como pasajero en un vehículo que conducía un subteniente -bajo los efectos del alcohol-, el que chocó contra un árbol en un bandejón central de la comuna de Peñaflor. El máximo Tribunal estimó que la medida fue desproporcionada en atención a la falta de mérito del actor en los hechos, por lo que ordenó su reincorporación a las filas de la institución.

Se impugnó una resolución de la Comisión Médica Central que calificó la invalidez de la recurrente como parcial, no obstante, el órgano tuvo todos los elementos de juicio para determinar que la migraña crónica que la actora acusaba como invalidante sólo era migraña común, situación que redujo su grado de discapacidad al no ser una enfermedad que amerite la declaración de invalidez total.

La honorable se ausentó de las actividades obligatorias de la institución por más de 90 días sin presentar un motivo justificado, sosteniendo que las inasistencias se le deben perdonar por el mero hecho de ser Diputada de la República, argumento que no encontró asidero en la magistratura, que estimó que la sanción impuesta por Bomberos se ajustó a derecho.

La municipalidad de Providencia rechazó la renovación de la patente de alcoholes del local, fundado en la sobre saturación de establecimientos que venden alcohol y la inseguridad acusada por los vecinos que viven en el barrio.

El núcleo esencial de la petición del demandante es que el vínculo de la relación con el demandado sea declarado como laboral, por lo tanto, los recurridos no pueden argumentar el rechazo de la acción por presentarse fuera de plazo asilándose en las reglas del Código del Trabajo, pues debe aplicarse la regla general del artículo 2514 del Código Civil.

Se reclamó contra el descuento a la subvención decretado por la Seremi de Educación que lo justificó en que el actor registró asistencias de alumnos por el 100% mientras estaban vigentes los aforos y restricciones por la crisis sanitaria el año 2021. El recinto educacional no posee un derecho indubitado y la controversia respecto del cálculo del descuento debe ser conocida por la judicatura ordinaria.