El recurrente denuncia una privación ilegal y arbitraria del derecho real de servidumbre de tránsito peatonal que se encuentra constituida y válidamente inscrita.
El fallo impugnado estableció que la carta redactada por el abogado de la empresa fue firmada por la trabajadora, pensando que estaba firmando solo su renuncia al cargo de secretaria del sindicato al que pertenecía.
La recurrente sostiene que su vida peligra si su hijo no continúa con controles cercanos con su psiquiatra y psicólogo tratante, con los medicamentos indicados y la supervisión directa de la prevención del suicidio.
El recurso busca la paralización de las obras que realiza la recurrida en el sitio colindante, con el objeto de evitar que se continúe destruyendo el cerco medianero.
La recurrida busca establecer una indemnización de perjuicios sin juicio previo que la determine, pretendiendo además determinarlos unilateral y arbitrariamente.
No se ha probado que en las mismas condiciones del recurrente se haya otorgado una acreditación o la certificación de la especialidad de odontología a otro, ni que se haya negado la certificación como odontólogo por lo que sí puede ejercer como cirujano dentista.
La no resolución de la petición efectuada importa un problema de seguridad que coloca a la recurrente en una situación de incertidumbre injustificada.
Los sentenciadores realizaron una recta aplicación de la ley al resolver el asunto planteado, sin que se advierta el error de derecho en que hace consistir la infracción legal denunciada.
La decisión de la Institución le causa perjuicio, ya que luego de participar en un proceso de selección, de admisión y de obtener su título no obtuvo el nombramiento, pese a que siempre se conoció el parentesco que la vinculaba.
La medida reparatoria no permite obtener la reparación de las consecuencias derivadas de la vulneración de derechos fundamentales.
