El recurrido menoscabó la honra del actor, desde el momento en que hizo público un incumplimiento de carácter económico fuera de los casos previstos por la ley.
La omisión del proceso de participación ciudadana legalmente requerido deviene en ilegal, toda vez que impide el efectivo ejercicio del principio de participación consagrado en el Derecho Ambiental chileno.
Las Federaciones de trabajadores alegaron que las modificaciones introducidas por la autoridad dejan sin sentido la negociación colectiva.
El Servicio Nacional de Consumidor (SERNAC) no fundó su arbitrio en la infracción de lo dispuesto en los artículos 1, 50 y 53 letra c) de la Ley N°19.496.
Al omitir expresar las razones que sustentan la determinación, el actuar se torna arbitrario y amenaza el derecho de igualdad ante la ley del actor.
Lo contrario implicaría entender que la sostenedora quedaría liberada de la obligación de acreditar los saldos disponibles de cada año, pues si no pudiese ser sancionada por no acreditarlos, quedaría a su arbitrio y fuera de control la disponibilidad de saldos, lo que sería especialmente grave, pues se trata de recursos fiscales.
Las sanciones administrativas deben respetar el principio de proporcionalidad, para lo cual se deben evaluar no solamente las consideraciones del caso particular, sino que, además, el proceder de la administración en casos previos y similares.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
Los recurridos actuaron en uso de sus legítimas atribuciones, con fundamento en las disposiciones legales, reglamentarias y autos acordados que justificaron su decisión.
Aparece de manifiesto que en el libelo se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
