En la especie, la audiencia de juicio se desarrolló en seis audiencias, lo que resulta exorbitado y fuera de norma para un juicio entre un único trabajador y una sola empresa.
La recurrente arguye que la negativa de la recurrida se basó en un examen del año 2019, sin embargo, la operación a la que debió ser sometida dice relación con un diagnóstico otorgado por un médico especialista en el año 2021, fecha posterior a la contratación del seguro.
Atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, el legislador ha dispuesto expresamente procedimientos legales de lato conocimiento destinados a esclarecerlos, los que no pueden ser sustituidos por la acción constitucional de protección.
La disputa debe discutirse en un procedimiento que asegure a las partes el pleno respeto de sus derechos, especialmente, el derecho a la prueba, propio de un proceso racional y justo.
De lo contrario, el despido no tiene por fundamento una de las causales que prevé el artículo 13 de la Ley N°19.728.
La recurrente arguye que los hechos denunciados constituyen una sanción anticipada, sin un debido proceso que permita verificar las imputaciones que pesan en su contra, las que sostiene son falsas y pretenden su descrédito.
Las publicaciones contendrían expresiones que podrían ser constitutivas de un ilícito penal o civil, lo que, de ser efectivo, corresponde dilucidar en el procedimiento legal respectivo.
La actitud de dictar una resolución agregando requisitos no contemplados en la ley, para acceder al bono de desempeño que contempla la Ley N°20.240, contraviene su derecho de igualdad ante la ley.
El certificado por sí solo no permite acreditar la deuda de los copropietarios, ya que tal presunción no resulta obligatoria para el sentenciador.
La decisión tampoco careció de racionalidad, toda vez que el reclamante no invocó la existencia de ningún vínculo social que dé cuenta de arraigo al país en su periodo de permanencia.
