Los hechos denunciados deben ser discutidos y probados en un juicio de lato conocimiento, lo que se contrapone con la naturaleza cautelar de la acción de protección.

Se descartó falta de fundamentación en el fallo impugnado.

Lo anterior, dado que se generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la Administración.

Carece de razonabilidad pretender que las declaraciones de todos los testigos en un juicio criminal coincidan en todos sus extremos, pues las percepciones que se tiene de un suceso suelen ser legítimamente distintas.

No se configuró la hipótesis de haberse declarado fundadamente que la demandada obró como litigante temeraria o maliciosa.

Recurrentes denuncian que vulnera las garantías consagradas en el artículo 19 N°1, N°2, N°8 y N°24 de la Constitución, junto con el Convenio N°169 de la OIT y la Ley N°19.253, que establece normas de protección de los indígenas

La prueba aportada por las demandadas solidarias permitió concluir que se adoptaron los resguardos suficientes para proteger eficazmente la salud e integridad física del demandante.

Aparece de manifiesto que los hechos denunciados eventualmente pueden constituir una vulneración de garantías fundamentales consagradas en la Constitución.

La decisión fue adoptada por la autoridad competente en el marco de sus atribuciones.

Los recurridos solo indexan la información creada por terceros, quienes actúan al amparo de la libertad de emitir opinión y de información. Para que exista vulneración de las garantías se requiere que la información resulte falsa o se encuentre sin actualizar.