La conducta desplegada por la recurrente formaba parte de una dinámica de trabajo, admitida por años, que no fue objeto de cuestionamiento por otros entes de control dentro del municipio, por lo que no corresponde responsabilizarla administrativamente por los lineamientos de las políticas de Estado sobre la materia.

La negativa de la recurrida aparece como ilegal por contravenir lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley N°20.370, y, además, por hacer aplicable al contrato de prestación de servicios educacionales disposiciones de la Ley N°21.091, texto que no opera de manera retroactiva.

El máximo Tribunal descartó la concurrencia de cada una de las infracciones esgrimidas por la recurrente.

El recurso de apelación no tiene causales específicas y su único objeto es obtener del tribunal superior respectivo que enmiende, con arreglo a derecho, la resolución del inferior.

Se descartó que las sentenciadoras hayan incurrido en el yerro de ley que acusó el recurrente.

Las remuneraciones de los servidores públicos deben estar publicadas en su página web y al no haberlo resuelto así los sentenciadores incurrieron en una falta o abuso grave.

Alega el recurrente que la conducta del Consejo constituye una actuación ilegal y arbitraria al interpretar de manera extensiva y abusiva el tipo sancionatorio contenido en el artículo 45 de la LAIP.

El recurrente sostuvo que la comisión se devenga diariamente, por lo que correspondía el pago de la semana corrida.

La autoridad debe dirigir el procedimiento hacia su conclusión con eficacia, utilizando para ello la máxima economía de medios y evitando trámites dilatorios, de manera que emita una resolución que se pronuncie sobre el fondo del asunto planteado, pero que, a la vez, abarque todos los asuntos que fueron puestos en su conocimiento.

El máximo Tribunal descartó los errores de derecho denunciados en contra de la sentencia dictada por la Corte de Santiago.