La resolución impugnada se dictó por la autoridad competente y fue debidamente fundada.
La interpretación de las normas aplicables a la controversia debe considerar el mayor beneficio para el destinatario de la prestación de seguridad social de que se trata.
Los jueces deben agotar el examen de las argumentaciones que sustentan las alegaciones y defensas de las partes.
Alegan que se los privó de intervenir en el debate de normas reglamentarias haciendo el uso de la palabra lo que contraviene la libertad de expresión garantía básica en un proceso democrático de deliberación y búsqueda de acuerdos.
La pensión de vejez no le permite a la actora poner fin a la situación de dependencia económica que ostentaba al ser incorporada por su cónyuge como carga legal.
Lo anterior, permite que la actora avance en la postulación.
No obstante, se ordenó dar cuenta al pleno de la Corte sobre la medida adoptada por el juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
El requerimiento de tal comunicación es un requisito adicional que no está previsto en la norma y, en consecuencia, es inexigible.
No se acreditó una situación de riesgo concreto a la salud del hijo con la pandemia, por lo que el impedimento del régimen comunicacional es un incumplimiento imputable a la madre.
La misiva no tenía por fin último hacer una crítica a un proyecto de ley o a una política pública.
