La omisión de la Subsecretaría y la tardanza de Gendarmería no pueden repercutir negativamente en el funcionario quien esperaba que la gestión ordenada por artículo 87, letra d), del Estatuto Administrativo estuviese cumplida (además de encontrarse de buena fe, lo protege la confianza legítima).

La campaña de inmunización se configura como una medida sanitaria que obedece a criterios técnicos de salud pública, y respecto de los cuales no es vinculante la autorización desde el punto de vista farmacéutico (ISP recomendó vacunación a dicho rango etario), cuyo mérito, oportunidad, conveniencia y eficacia están radicados en la autoridad de salud.

El máximo Tribunal confirmó que los hechos descritos por los recurrentes y las peticiones que se formularon exceden las materias que deben ser conocidas en sede cautelar de emergencia.

El Juez civil es el competente para recibir alegaciones o peticiones en la materia, y no las Cortes en sede cautelar.

Se aplicó el criterio asentado en el Dictamen N°22.766/20162016 e Instructivo N°E156769N21 de la Contraloría General de la República, que determinan que la confianza legítima en las contratas se genera a partir de la segunda renovación anual.

El afectado puede recurrir a los recursos de reposición y jerárquico, previstos en la Ley 19.880, o incluso, invocar el silencio positivo. Por lo que no es dable una afectación, vulneración o privación de los derechos invocados, indica el máximo Tribunal.

La sentencia por la cual se expulsó a la actora no se encuentra actualmente firme, pues se impugnó vía recurso de apelación (mecanismo recursivo regulado en el Reglamento del Colegio profesional). Además, de no verificarse arbitrariedades, ilegalidades o conculcaciones de derechos fundamentales en el procedimiento disciplinario.

Las preguntas de las PSU de años anteriores son consideradas para la calibración de las nuevas evaluaciones mediante exámenes pilotos, por lo que su publicidad perjudicaría la confección de los nuevos mecanismos de ingreso (se distorsionarían los estudios técnicos de las preguntas).

A pesar de que el recurrente fundó el recurso en una afectación a su buena imagen y fama, el máximo Tribunal estimó que los hechos expuestos deben examinarse y resolver por la vía idónea al efecto y no en sede de protección.

La recurrente carece de un derecho indubitado o preexistente, presupuesto esencial para que el arbitrio pueda prosperar. La discusión de si cumplió la obligación de permanencia obligatoria en el país por un periodo que duplica su estadía en el exterior debe resolverse en un juicio de lato conocimiento.