La recurrente carece de un derecho indubitado o preexistente, presupuesto esencial para que el arbitrio pueda prosperar. La discusión de si cumplió la obligación de permanencia obligatoria en el país por un periodo que duplica su estadía en el exterior debe resolverse en un juicio de lato conocimiento.

La Corte de Santiago señala que para recurrir en contra una sentencia del TCP debe interponerse un reclamo de ilegalidad.

Lo dispuesto en su artículo 110, párrafos 3 y 4, complementa la Ley 19.856 y su Reglamento. No obstante, el recurso de protección debe ser desestimado pues todos los condenados beneficiados con la reducción de sus penas la han cumplido íntegramente, por lo que acoger la acción carecería de efecto práctico.

Mantener noticias de una causa penal y condena, pero no de la situación procesal actual del condenado, se considera una información parcial, que trasgrede la función social de comunicación del medio y vulnera los derechos de honra y de igualdad de trato del recurrente.

El plazo de 5 años se estima un periodo prudente para que la administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño del funcionario, sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona.

No hay ilegalidad o un actuar caprichoso en la investigación periodística sobre un acontecimiento de trascendencia pública, pues este ejercicio se encuentra amparado por la libertad de prensa y la libertad de informar sin censura previa.

Además, tampoco se logró comprobar que los productos químicos afectaron la salud de los hijos del recurrente.

El máximo tribunal desestimó el recurso de queja interpuesto en contra de los miembros de una sala de la Corte de Santiago, pero invalidó de oficio la decisión recurrida, declarando que no existía duplicidad con otro recurso similar deducido por la recurrente, y ordenó dar lugar a la tramitación de la acción tutelar.

El reclamante no especifica de qué forma tales medidas puedan afectar la garantía de libertad económica amparada por la Ley 18.971.

La apreciación personal de una persona de la existencia de un acontecimiento discriminatorio por identidad de género no tiene el carácter de difamatorio. Por su parte, la recurrente cuenta con otras herramientas jurídicas en contra de la publicación.