El tribunal de alzada elevó el monto indemnizatorio por considerarlo más condigno a los padecimientos soportados por la demandante que, tras ser sometida a intervenciones quirúrgicas, requiere de asistencia permanente de un tercero.

Con su conducta omisiva la recurrente ha privado a la actora de participar en competencias, nacionales e internacionales, lo que se traduce en un trato desigual en relación con otras organizaciones deportivas que sí han tenido la oportunidad de inscribirse en eventos deportivos.

La conducta ilegal y arbitraria de la recurrida conlleva un daño, pues no puede continuar con el tratamiento de recuperación de su cirugía de cadera.

Se ordenó sacar copia íntegra del expediente, certificar su identidad e integridad, y remitir compulsas al tribunal civil manteniendo el expediente original en poder de la fiscalía hasta que concluya la causa penal.

La decisión de la recurrida transgrede la igualdad ante la ley y el derecho de toda persona a ser oído de forma previa a la adopción de una determinación desfavorable.

La recurrida al no expresar los reales motivos de su decisión incurre en una discriminación arbitraria, en un trato diferenciado a la recurrente en relación a otros clientes.

La conducta de la recurrida es ilegal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 830 del Código Civil, que prohíbe al dueño de un predio sirviente alterar, disminuir o hacer más incómoda para el dueño del predio dominante la servidumbre.

La urgencia con riesgo vital y/o secuela funcional grave son condiciones de salud objetivas.

El recurrente denuncia que más de un tercio de los funcionarios de la dotación municipal se han visto privados de la remuneración legal al marginarlos del proceso de calificación anual para los efectos de su carrera funcionaria.

El actuar negligente del liquidador y de la Superintendencia, perjudica al recurrente al limitar sus posibilidades de obtener créditos, adquirir bienes, realizar inversiones, entre otras.